Hoy realizarán una reconstrucción de los hechosSegún obispo, el caso del doble asesinato de normalistas se ha politizado para riesgo de todos
Sergio Ocampo Arista y Carolina Gómez Mena | Corresponsal y reportera | Periódico La Jornada | Viernes 13 de enero de 2012, p. 20
Chilpancingo, Gro., 12 de enero. Unas 5 mil personas marcharon en esta ciudad para demandar que se inicie juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, se castigue a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pinto, ocurridos hace un mes durante el desalojo de la Autopista del Sol, donde se rechazaba el cierre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla.
Desde las 11 horas los contingentes se empezaron a concentrarse en el museo La Avispa, entre ellos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, los comuneros de San Salvador Atenco e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se juntaron con campesinos del estado y delegaciones de las escuelas normales rurales reunidas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
La marcha inició alrededor de la una de la tarde y recorrió más de 2 kilómetros hasta el zócalo de Chilpancingo, donde se efectuó un mitin con una docena de oradores.
Pablo Juárez, uno de los dirigentes estudiantiles de Ayotzinapa, expresó que el punto central que abandera el movimiento es que el Congreso local realice juicio político contra Aguirre Rivero, “debido a que es el responsable del asesinato de los compañeros (alumnos), ya que como gobernador tiene bajo su responsabilidad a las policías estatal y ministerial”.
Dijo que en días pasados sostuvieron reuniones y audiencias con integrantes de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados. “Les hemos informado que estamos dispuestos a recuperar las clases”, suspendidas en protesta por la designación del director del plantel, y podemos trabajar en periodos extraordinarios y vacaciones.
Con relación al dicho del ex procurador Alberto López Rosas de que los normalistas saben qué corporación policiaca les disparó el 12 de diciembre, respondió que ya manifestaron, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo retomó en su informe, que fueron las policías Federal, estatal y ministerial las que tiraron contra ellos.
“Al gobierno de Guerrero lo señalamor porque es directamente culpable de lo que se vivió, y el gobernador Aguirre Rivero tiene responsabilidad política, pero está claro que las tres corporaciones policiacas dispararon”.
Pablo Juárez anunció que este viernes una representación de la CNDH visitará la Normal de Ayotzinapa para que los alumnos que fueron testigos del desalojo y de la muerte de sus compañeros señalen directamente quiénes fueron los que dispararon y de dónde provinieron las balas”.
“Mañana vamos a hacer la reconstrucción de los hechos y se va a señalar a los responsables del asesinato de nuestros compañeros”, se informó.
Como Normal de Ayotzinapa, reiteró, “no tenemos nada que dialogar con el gobierno del estado de Guerrero, porque cuando lo tratamos de hacer la respuesta que nos dio fue la muerte de dos compañeros, no hay nada que dialogar hasta que no haya justicia y juicio político en contra de Ángel Aguirre”.
En tanto, los cuatro obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco expresaron su preocupación por el “conflicto entre las autoridades civiles y la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa”, así como por la “lamentable situación de violencia e inseguridad que se vive en diversas intensidades a lo largo y ancho de nuestra provincia”.
Al concluir el onceavo Encuentro Provincial de Pastoral, Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco; Alejo Zavala Castro, obispo de Chilpancingo-Chilapa; Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, obispo de Tlapa, y Maximino Martínez Miranda, de Ciudad Altamirano, sostuvieron que “desgraciadamente” el conflicto de Ayotzinapa “se ha politizado”.
Alertaron también sobre la existencia de “una tendencia hacia la polarización social que consideramos de mucho riesgo para todos” y agregaron que en Guerrero “no nos podemos permitir dejar crecer otra fuente más de violencia, por lo que la solución a este conflicto tiene que plantearse desde el objetivo original de la política social, que es el bien común”.
Los jerarcas religiosos destacaron que “mantenemos nuestra petición de aclarar los hechos” en los que fueron asesinados dos estudiantes y sostuvieron que “conociendo el resultado de las investigaciones se hará justicia y lograremos rencontrar la tranquilidad social y política como condición para el desarrollo y la paz de nuestro pueblo”.
En dicho encuentro agregaron que en el tema de la violencia “buscamos contribuir mediante la evangelización a la necesaria tarea de construir la paz”.
