Además de la generación y comercialización de electricidad, la
legislación secundaria energética permitirá contratos y asociaciones
entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el gobierno en la
distribución y transmisión de electricidad, abriendo así toda la cadena
eléctrica a la inversión privada, donde el servicio público quedará en
manos de la estatal eléctrica que recibirá subsidios para su operación.
19 agosto 2014 | Karol García | El Economista