Además de la generación y comercialización de electricidad, la
legislación secundaria energética permitirá contratos y asociaciones
entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el gobierno en la
distribución y transmisión de electricidad, abriendo así toda la cadena
eléctrica a la inversión privada, donde el servicio público quedará en
manos de la estatal eléctrica que recibirá subsidios para su operación.
19 agosto 2014 | Karol García | El Economista
La iniciativa de la nueva Ley de la Industria Eléctrica establece que el servicio público de transmisión y distribución se mantienen como áreas estratégicas y, por tanto, el Estado mantiene su titularidad “sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares”. Así, la Secretaría de Energía o la empresa estatal podrán formar asociaciones con particulares o firmarán contratos para que éstos lleven a cabo el financiamiento, instalación, gestión, operación y ampliación de la infraestructura correspondiente.
La iniciativa de la nueva Ley de la Industria Eléctrica establece que el servicio público de transmisión y distribución se mantienen como áreas estratégicas y, por tanto, el Estado mantiene su titularidad “sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares”. Así, la Secretaría de Energía o la empresa estatal podrán formar asociaciones con particulares o firmarán contratos para que éstos lleven a cabo el financiamiento, instalación, gestión, operación y ampliación de la infraestructura correspondiente.
“Es una ambigüedad muy fuerte que tiene la ley al contemplar
un flujo de inversiones privadas en una actividad que se mantiene
estratégica”, aseveró la experta del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, Miriam Grunstein, “el chiste
es que el Estado regule bien porque cuando hablamos de la transmisión
estamos hablando de un sector vital para el bienestar nacional y el
gobierno no se puede dar el lujo de que un solo jugador acapare la
capacidad, como ocurrió con los gasoductos”.
Al respecto, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Salazar Diez, aseguró que con la celebración de estos contratos —similares a los que se entregarán en exploración y producción petrolera— se buscará garantizar la expansión del sistema y mejorar las finanzas nacionales soltando aquellos proyectos que resulten problemáticos o donde la CFE no tenga activos. “Son contratos al amparo de la transmisión y distribución y los particulares no serán propiamente distribuidores”, explicó el titular del regulador en electricidad.
QUITAR CARGA OPERATIVA A CFE Y CON SUBSIDIOS FOCALIZADOS: PENCHYNA
Finalmente, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna, aseguró que como el Estado conservará la obligación de garantizar el acceso universal a la electricidad, se darán estos contratos, pero sólo en caso de excepción, para dejar fuera a la CFE cuando no pueda ejecutar proyectos, aunque se le mantendrá como el proveedor asistencial del gobierno y se subsidiará su actividad.
“Evidentemente, para que el estado financiero de resultados de la CFE pueda ser competitivo, en ese tipo de situaciones asistenciales el Estado mexicano tendrá que aportar recursos para poderlo lograr; en casos específicos así va a ser, porque todos los mexicanos merecen acceso a la energía eléctrica”, dijo el legislador priísta.
El legislador expresó que el acceso universal a la electricidad es uno de los grandes pendientes de la justicia social y en el nuevo esquema alguien lo tendrá que garantizar, por lo que para esos casos la CFE tendrá que recibir subsidios focalizados que serán responsabilidad del Estado mexicano, de la Hacienda Pública, y no tendrá nada que ver con su diseño la Secretaría de Desarrollo Social.
Fuente: El Economista
