19 octubre 2018 | Noticias de Morelos | Guillermo Cinta Flores
El tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica lo siguiente: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. El texto contiene parte de las históricas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos.
Bien entonces, de lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de que los tres órdenes de gobierno, particularmente el Poder Ejecutivo de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, implementen lo más pronto posible una estrategia jurídica (y otras medidas emergentes) para preservar las garantías constitucionales de la sociedad cuernavaquense ante la embestida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia que, so pretexto de aplicar las facultades que le confirió la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos de 2018, en una auténtica demostración autoritaria cortó el suministro de energía a un número indeterminado de fuentes de abastecimiento de agua potable en la capital morelense, dejando sin el servicio del vital elemento a casi toda la población.
