Arturo Alcalde Justiniani | Opinión-La Jornada
Lugar: Palacio Nacional. Integrantes: 14 miembros invitados por el consejero jurídico de la Presidencia, quienes encabezan la comisión. Tarea: elaborar una iniciativa de ley del sistema de justicia laboral para ser presentada en el periodo legislativo que se inicia en febrero próximo. Mandato formal: responder al compromiso presidencial de llevar a cabo las transformaciones necesarias a este sistema “bajo los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, equidad y eficiencia”. Intención real: realizar cambios al sistema de justicia laboral sin trastocar el control del Ejecutivo federal y local sobre las juntas de conciliación y arbitraje y el poder de decisión patronal sobre los contratos colectivos de protección patronal. Para lograr blindar estos contratos, se pretende introducir la añeja propuesta patronal de exigir que los sindicatos confiesen los nombres de los trabajadores inconformes cuando quieran cambiar de sindicato o pretendan emplazar a huelga. A estas listas negras les llaman elegantemente “requisitos de procedibilidad”.