Se dio a conocer ayer que desde noviembre pasado el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos que otorgue inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo, quien un mes antes había sido demandado por algunos familiares de víctimas de la matanza de Acteal, Chiapas, perpetrada en 1997 por un grupo paramilitar, y en la que 45 indígenas tzotziles –un tercio de ellos, niños– fueron asesinados. El pasado viernes, el propio ex mandatario reclamó inmunidad a la corte federal en Hartford, Connecticut, ante la cual fue presentada la denuncia.