Las asociaciones público privadas (APP) y los proyectos de prestación de servicios (PPS) son dos esquemas que han cedido servicios considerados públicos hasta hace 10 años, entre los cuales incluso hay algunos que implican la cobertura de derechos (como salud y educación). Aunque ambos se han publicitado como promotores de la inversión privada, en realidad son esquemas de privatización velada cuya discrecionalidad ha garantizado la ausencia de cualquier oposición social. Es así como supuestos hospitales públicos son construidos y después manejados en su totalidad por empresarios. Lo mismo ocurre con universidades, prisiones de máxima seguridad y carreteras.
25 octubre 2015 | Nancy Flores | Contralínea