El gran negocio de la electricidad quedará en manos de empresas
privadas, fundamentalmente extranjeras, a las que el Estado mexicano incentivará
para que inviertan, al otorgarles contratos de abastecimiento de energía
eléctrica a los grandes consumidores y garantizarles el acceso abierto
,
sin discriminaciones indebidas
, a la red nacional de transmisión y las
generales de distribución del fluido en el país.