José Antonio Almazán González | Opinión-La Jornada
Por más ocupados que estén en aprobar al vapor todas las reformas estructurales enviadas por el Ejecutivo Federal, los senadores y diputados no pueden ignorar la inconstitucional e irregular condición que guarda la prestación del servicio público eléctrico en el Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, como resultado de un ilegal comodato que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Estos son los hechos.