CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- Un gobierno capturado, trabaja para quienes lo
controlan. Sus acciones no buscan el beneficio colectivo, sino
incrementar el poder del sector dominante. Muchas de las veces, incluso
las leyes se encuentran dispuestas para legitimar ese tipo de acciones.
Nuestro gobierno actual ha dado constantes muestras que me llevan a
pensar que no trabaja para el bien de la mayoría de la gente, ni para la
protección de sus derechos, sino para establecer privilegios para
algunos grupos de interés.
Al
parecer, la política hídrica nacional no es la excepción. A esta fecha
ya son tema de polémica los decretos de reservas de agua expedidos por
el presidente de la República. En ellos se nos recuerda que hay
disponibilidad del agua, por lo que procede redistribuirla para su mejor
aprovechamiento en consonancia con la garantía del equilibrio
ecológico. Su fin es suprimir vedas preexistentes para luego ordenar que
el agua disponible se destine parcialmente para usos doméstico y
público urbano o para uso ambiental o de conservación ecológica en las
diferentes cuencas, así como que el agua disponible no comprometida bajo
estas reservas parciales, sea concesionada o asignada para quien la
pida primero. Ello sin afectar a nadie al reconocer las concesiones o
asignaciones previas y con títulos vigentes.