miércoles, 15 de noviembre de 2017

Una sentencia excepcional

Miguel Concha | Opinión-La Jornada
Defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan cotidianamente a policías, ministerios públicos y jueces que interpretan y aplican la ley de manera sesgada, atendiendo a los intereses de una oligarquía que corrompe la vida política e institucional. Pocas veces las decisiones judiciales se apegan a altos estándares de derechos humanos, debido proceso, presunción de inocencia y controles de constitucionalidad y convencionalidad. Por eso celebramos la decisión de un juez que tuvo a bien proteger al inocente frente al hostigamiento que ejercían en su contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Procuraduría General de la República (PGR).

En nuestra colaboración del 20 de mayo reseñamos en estas páginas la lucha de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) por el derecho humano a ese servicio. Desde entonces ha enfrentado la creciente criminalización de su lucha. Las policías municipales del estado de México y la PGR, en contubernio con la CFE, han detenido e investigado, en los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Chalco, a por lo menos 18 personas, entre las que se cuentan mujeres y personas adultas mayores. A todas se les imputó el delito de Oposición a obra o trabajo públicos, previsto en el artículo 185 del Código Penal Federal. Este tipo penal es inconstitucional, pues contraviene el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación.