Arturo Alcalde Justiniani | Opinión-La Jornada
Usted recordará los argumentos y promesas gubernamentales presentados hace dos años para justificar la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sus promotores anunciaron, con bombo y platillo, que se trataba de una de tipo estructural, que el país crecería al 6 por ciento, se crearían 3 millones de empleos anuales, subiríamos 15 lugares en la clasificación internacional de competitividad y, por si fuera poco, se agilizarían los juicios laborales, se fortalecería la democracia sindical y se resolvería el grave problema de los contratos colectivos de protección, esos que se firman por un patrón y un membrete sindical sin el consentimiento de los trabajadores destinatarios.
Usted recordará los argumentos y promesas gubernamentales presentados hace dos años para justificar la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sus promotores anunciaron, con bombo y platillo, que se trataba de una de tipo estructural, que el país crecería al 6 por ciento, se crearían 3 millones de empleos anuales, subiríamos 15 lugares en la clasificación internacional de competitividad y, por si fuera poco, se agilizarían los juicios laborales, se fortalecería la democracia sindical y se resolvería el grave problema de los contratos colectivos de protección, esos que se firman por un patrón y un membrete sindical sin el consentimiento de los trabajadores destinatarios.