Impuestos a Pemex equivalen a 2.5 veces las ganancias de 50 consorcios
Actualmente, 105 personas se encuentran detenidas por el caso Ayotzinapa. Mientras, las instancias federales revisan los expedientes para responder a las solicitudes de información de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se halla en la parte final del análisis para la elaboración de su informe de los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado.
Es el programa estrella del gobierno federal pero, al menos en Veracruz, desborda corrupción. Los funcionarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre piden “ayudas” a los más pobres, los vivales defraudan a familias, la propia Sedesol ordena guardar los apoyos que urgen, se documentan desvíos millonarios, se manipulan las listas de beneficiados, se relega a gente en la miseria, se maquillan resultados, se “entregan” casas que son una porquería, se venden viviendas que deberían regalarse, empresas sancionadas siguen recibiendo dinero público… Los veracruzanos andan peor que a su suerte.
En 2014, el gobierno de Chiapas gastó más de 3.9 millones de pesos para auxiliar a personas desplazadas de sus tierras, pero omitió atender tres casos urgentes visibilizados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Se trata de 110 familias desplazadas de las comunidades Viejo Velasco, Banavil y San Marcos Avilés, que a pesar de formar parte de la campaña civil Rostros del Despojo –que busca el retorno pacífico a sus hogares– permanecen en total vulnerabilidad. Lejos de frenarse, el problema se agravaría en los próximos meses: las llamadas reformas estructurales alientan el despojo, alerta el Frayba. En 4 años, 281 mil personas fueron desplazadas en México por la violencia.
Sólo en lo que va del sexenio, los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) han firmado decenas de contratos con dependencias federales por alrededor de 2 mil millones de pesos. Estas fuerzas policiacas operan en el limbo legal, no pagan impuestos, reciben por asignación directa la inmensa mayoría de convenios y les encargan desde la seguridad de instalaciones nucleares hasta surtir de tepetate a Fonatur. Además, tienen en sus manos el cuidado de sectores estratégicos del país, pero opera en la opacidad y el gobierno no muestra la menor intención de regularizarlo.
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Si el 9 de marzo de 2012 Jalisco vivió una jornada de violencia inusitada con el sello del Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, las decenas de bloqueos del pasado viernes 1 en municipios jaliscienses y otros tres estados del país muestran la furia de una organización criminal que no se intimida ante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese abierto desafío hizo trastabillar a las instancias federal y estatal, que ni siquiera se atrevieron a mencionar el nombre del “grupo delincuencial” que puso en jaque sobre todo a Jalisco, a sus autoridades y a sus ciudadanos.
El tiempo en el que las consecuencias alimentarias de la pobreza se limitaban al hambre parece haber quedado atrás. De acuerdo con un ambicioso informe publicado hace algunas semanas por el think-tank británico Overseas Development Institute (ODI), seis de cada 10 personas obesas o con sobrepeso del planeta viven en países en desarrollo. En algunos casos, como el de India, el incremento acelerado de la obesidad en las rentas medias y bajas se ha producido en paralelo con un estancamiento de las cifras de malnutrición infantil. Dos maneras contrapuestas pero igualmente eficaces de minar la salud de los pobres.