Mientras el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, en particular el procurador Jesús Murillo Karam, se enmarañan en su discurso exculpatorio sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el diputado perredista Carlos de Jesús Alejandro declara a Proceso: por lo menos desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero. Incluso en ese marco se formó la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero no prosperó. Y reventó la violencia en Iguala…
Chalchihuapan: policías allanan casas y arrestan con violencia a 5 personas Se cumplió exhorto de la CNDH por la trifulca del 9 de julio, según el gobierno de Puebla
Las 12 órdenes de detención y de cateo incluyeron a 6 agentes; pero no se aclara cómo fueron aprehendidos
Yadira Llaven | La Jornada de Oriente | Periódico La Jornada | Domingo 19 de octubre de 2014, p. 27
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En 90 días, instituciones de seguridad mexicanas (de las tres instancias de gobierno: federación, estado y municipio) perpetraron tres acciones criminales que cobraron al menos 29 vidas humanas (varios de ellos inocentes sin ninguna posibilidad de estar involucrados en alguna acción delictiva), y, en los tres casos, la primera reacción de las autoridades fue eludir todo tipo de responsabilidad e inclusive inculpar a los civiles de dichos actos; posteriormente, ante la difusión incontrovertible de su actuación, tuvieron que reconocer su participación, pero de inmediato dirigieron las incriminaciones e investigaciones hacia funcionarios de menor nivel, culpando a los individuos como si actuaran al margen de las instituciones de seguridad.
Expertos de la ONU son contundentes: En sus campañas para obtener fondos, la Fundación Teletón “atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad” y “refuerza los estereotipos” en torno a ellas. Y agregan que la supuesta labor filantrópica de esa institución privada le da pretexto al gobierno para dejar de cumplir una de sus funciones irrenunciables, sin contar con los ríos de dinero y bienes públicos que los estados de la República le hacen llegar a la instancia encabezada por Fernando Landeros.