El outsourcing –uno de los peores y más abusivos esquemas laborales– gana terreno en México, pero en forma ilegal. A pesar de que la llamada tercerización está legislada, en la mayoría de los casos persisten prácticas contrarias a su reglamentación, bajo el amparo o la omisión de las autoridades encargadas de supervisar estas áreas. Incluso cuando cumple la ley, esta forma de contratación expolia los derechos laborales y genera incertidumbre: al ser temporal –1, 3, 6 meses–, elimina el derecho de antigüedad y con ello la posibilidad de una jubilación, así como la libre asociación sindical; promueve salarios y prestaciones menores a los que ofrecerían esquemas de contratación directa; el patrón real no tiene ninguna responsabilidad respecto del trabajador y puede prescindir de sus servicios en cualquier momento sin justificar el despido; en los peores casos –industria petrolera, por ejemplo–, no garantiza siquiera la seguridad física de los empleados, menos su capacitación.
18 diciembre 2016 | Nancy Flores | Contralínea
