ARTURO ALFARO GALÁN
La “cuna electricista” de la Sierra Norte de Puebla vivió este año el peor suceso en su historia, luego de que el gobierno federal decretó el 10 de noviembre de 2009 la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC). La decisión provocó que al menos 2 mil trabajadores –activos y jubilados– de las subestaciones de las localidades de Nuevo Necaxa, pertenecientes al municipio de Juan Galindo y Huauchinango, perdieran más de 70 por ciento de su poder adquisitivo.
Aunado a ello, el comercio de la región, que sostiene a más de 5 mil familias de la Sierra Norte, se desplomó prácticamente por la disolución y el enfrentamiento de ex empleados de LFC con el gobierno de Felipe Calderón, lo que arrebató el legado familiar a cientos de trabajadores, el futuro de sus hijos y, en síntesis, la vida de una población entera.
En entrevista, Domingo Aguilar Vázquez, secretario general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), acusó que detrás del cierre de LFC están las intenciones de la Federación para privatizar la industria energética, y así dejarla en manos de los grandes consorcios que comercializarán en los próximos años con el uso de la fibra óptica.
El líder sindical confió en que al cierre de este año, al menos 420 integrantes, de los 2 mil ex trabajadores de LFC, continúan en resistencia civil y política; es decir, 79 por ciento de los trabajadores aceptó su liquidación y un bono extra por parte del gobierno federal.
Abundó que los electricistas que rechazaron las ofertas de la Federación han subsistido con aportaciones quincenales de los trabajadores jubilados, quienes entregan 3 por ciento de sus ingresos cada 14 días.
Los recursos obtenidos –que llegan a sumar los 170 mil pesos– son utilizados en la mayoría de los casos en un Fondo de Subsidio, en el comedor comunitario del sindicato y en gastos de operación y transportación de los obreros en resistencia; sin embargo, el apoyo ha sido insuficiente para solventar los gastos y la manutención necesaria de decenas de familias.
En entrevista, el dirigente del SME previó que en los próximos meses los ex trabajadores de LFC tendrán “un severo problema”, ya que como parte de las acciones para la desaparición de la paraestatal, el gobierno federal dejará de ofrecer el servicio médico a los trabajadores en resistencia, lo cual afectará a los pobladores.
Puntualizó que en los últimos meses los cuadros médicos de depresión, diabetes, problemas cardiovasculares y nerviosos han aumentado su prevalencia entre los trabajadores activos y jubilados de LFC.
“Existen algunos casos en que los compañeros recaen tanto en salud que no se pueden ni levantar, están muy deprimidos, y al menos cuatro trabajadores jubilados han fallecido en los últimos meses y otros más se mantienen en sus casas sin la posibilidad de hacer algo por el movimiento”, acotó en una entrevista.
El principal problema en la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, consideró Domingo Aguilar, es la falta de disposición al diálogo del gobierno federal con los electricistas, así como la nula participación de las autoridades estatales y locales para mejorar las condiciones de vida de los más de 2 mil ex trabajadores que quedaron desempleados hace un año.
Domingo Aguilar Vázquez ha sido detenido por elementos de la Policía Federal en dos ocasiones, acusado de cometer delitos contra el patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y obstruir las vías de comunicación durante las recientes protestas en la región. En ambas ocasiones se han fijado fianzas de hasta 20 mil pesos.