ARTURO ALFARO GALÁN
La “cuna electricista” de la Sierra Norte de Puebla vivió este año el peor suceso en su historia, luego de que el gobierno federal decretó el 10 de noviembre de 2009 la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC). La decisión provocó que al menos 2 mil trabajadores –activos y jubilados– de las subestaciones de las localidades de Nuevo Necaxa, pertenecientes al municipio de Juan Galindo y Huauchinango, perdieran más de 70 por ciento de su poder adquisitivo.
Aunado a ello, el comercio de la región, que sostiene a más de 5 mil familias de la Sierra Norte, se desplomó prácticamente por la disolución y el enfrentamiento de ex empleados de LFC con el gobierno de Felipe Calderón, lo que arrebató el legado familiar a cientos de trabajadores, el futuro de sus hijos y, en síntesis, la vida de una población entera.
En entrevista, Domingo Aguilar Vázquez, secretario general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), acusó que detrás del cierre de LFC están las intenciones de la Federación para privatizar la industria energética, y así dejarla en manos de los grandes consorcios que comercializarán en los próximos años con el uso de la fibra óptica.
El líder sindical confió en que al cierre de este año, al menos 420 integrantes, de los 2 mil ex trabajadores de LFC, continúan en resistencia civil y política; es decir, 79 por ciento de los trabajadores aceptó su liquidación y un bono extra por parte del gobierno federal.
Abundó que los electricistas que rechazaron las ofertas de la Federación han subsistido con aportaciones quincenales de los trabajadores jubilados, quienes entregan 3 por ciento de sus ingresos cada 14 días.
Los recursos obtenidos –que llegan a sumar los 170 mil pesos– son utilizados en la mayoría de los casos en un Fondo de Subsidio, en el comedor comunitario del sindicato y en gastos de operación y transportación de los obreros en resistencia; sin embargo, el apoyo ha sido insuficiente para solventar los gastos y la manutención necesaria de decenas de familias.
En entrevista, el dirigente del SME previó que en los próximos meses los ex trabajadores de LFC tendrán “un severo problema”, ya que como parte de las acciones para la desaparición de la paraestatal, el gobierno federal dejará de ofrecer el servicio médico a los trabajadores en resistencia, lo cual afectará a los pobladores.
Puntualizó que en los últimos meses los cuadros médicos de depresión, diabetes, problemas cardiovasculares y nerviosos han aumentado su prevalencia entre los trabajadores activos y jubilados de LFC.
“Existen algunos casos en que los compañeros recaen tanto en salud que no se pueden ni levantar, están muy deprimidos, y al menos cuatro trabajadores jubilados han fallecido en los últimos meses y otros más se mantienen en sus casas sin la posibilidad de hacer algo por el movimiento”, acotó en una entrevista.
El principal problema en la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, consideró Domingo Aguilar, es la falta de disposición al diálogo del gobierno federal con los electricistas, así como la nula participación de las autoridades estatales y locales para mejorar las condiciones de vida de los más de 2 mil ex trabajadores que quedaron desempleados hace un año.
Domingo Aguilar Vázquez ha sido detenido por elementos de la Policía Federal en dos ocasiones, acusado de cometer delitos contra el patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y obstruir las vías de comunicación durante las recientes protestas en la región. En ambas ocasiones se han fijado fianzas de hasta 20 mil pesos.
Ante ello, el líder del SME en Nuevo Necaxa no descartó que el gobierno federal quiera atentar contra su seguridad personal y aprehenderlo, de nueva cuenta, por delitos del orden federal.
La resistencia femenina
Domingo Aguilar señaló que los electricistas eran las únicas personas con empleos formales en la región, junto con cerca de 900 trabajadores jubilados, que proporcionaban ingresos en la economía de la población, por lo que ahora “las cosas están negras de verdad, porque tenemos que vivir de lo que nuestros jubilados y donantes nos apoyen”.
Asimismo, las mujeres trabajadoras y amas de casa –esposas de los electricistas– realizan manualidades, postres y venden productos que cosechan como el café y mole; incluso, colaboran en la preparación de alimentos en el comedor comunitario, instalado en las afueras de las oficinas centrales de la división Nuevo Necaxa del SME.
La desolación no tiene cabida entre las las mujeres de la división Necaxa; “nos damos ánimo”, señalan las personas que llegan hambrientas a solicitar una ración del día a cambio de una cuota de recuperación de 20 pesos.
“Hasta ahora hemos podido cubrir lo básico, comemos en las guardias, les llevamos a nuestras hijas, hijos, pero mañana que se queden sin tenis, sin zapatos, ¿qué les voy a dar?”, mencionó Rosalinda González, de 38 años, madre soltera de dos menores de edad.
Además de haber desaparecido la posibilidad de comprarles el calzado y la vestimenta que en un corto plazo necesitarán sus hijos, se desvanece la intención de estudiar más allá de los límites con los municipios de Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Hidalgo, Tlaxcala o Veracruz, ya que en la localidad de Nuevo Necaxa no existen preparatorias públicas y mucho menos universidad.
Reunida con decenas de sus compañeras de oficinas y del área de comedor, frente a la entrada de la subestación El Salto, donde se ubica una de las tres guardias de trabajadoras y de trabajadores de LFC, Rosalinda manifestó que hasta el 11 de octubre tenían un trabajo estable, ahorraban para tener una vejez apacible.
Ahora “no tenemos más que la confianza de que ganaremos esta lucha y de que nos devuelvan nuestro empleo, ese empleo que nos arrebataron por culpa de los intereses de controlar esta planta de luz que nos vio nacer”.
Las electricistas, junto con otros seis grupos de trabajadores, realizan guardias durante todo el día, en turnos rotativos de ocho horas en la subestación de El Salto, así como en la planta hidroeléctrica de Nuevo Necaxa y en la Escuela de Capacitación de LFC, con el propósito de evitar que los elementos de la Policía Federal (PF) saqueen las instalaciones de la empresa.
Además de vigilar las inmediaciones, alrededor de cinco trabajadoras cocinan para que coman entre 70 y 100 electricistas que permanecen en las guardias. Los alimentos que preparan provienen de las despensas que les envía el SME desde la ciudad de México, así como del apoyo económico y en especie que les da la comunidad, pues aunque no sean familias electricistas también guardan la esperanza de que los trabajadores de la compañía sean recontratados para que la economía de su pueblo se levante.
Ante esta situación la petición de los electricistas y de la comunidad de Nuevo Necaxa es constante: la restitución de sus trabajos y el respeto a sus derechos laborales.
El golpe político
Tras las movilizaciones y los bloqueos que los miembros del SME realizaron en la junta auxiliar de Nuevo Necaxa del municipio de Juan Galindo, uno de los principales “golpes políticos” fue la detención arbitraria contra Miguel Márquez Ríos, prosecretario de Divisiones del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, quien fue arremetido con violencia por elementos de la Policía Federal el pasado 21 de octubre.
En su detención, los uniformados omitieron mostrar la orden de aprehensión correspondiente, además que fue trasladado en automóviles particulares–sin rótulos de la Procuraduría General de la República– hacia el Centro de Rehabilitación Social de Puebla, donde aún permanece como presunto responsable a los delitos de privación de la libertad personal, daño en propiedad de la CFE y contra la transportación y consumo de los bienes nacionales e internacionales.
El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas impulsa, desde la región de Nuevo Necaxa, un movimiento sindical y de resistencia civil para exigir al gobierno federal la cancelación del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
De manera extraoficial se informó que la detención de Márquez responde a las denuncias interpuestas por la obstrucción de vías federales de comunicación, realizada durante la noche del pasado 17 de marzo, cuando se realizó la huelga nacional electricista. Mientras que la segunda denuncia está relacionada con la presunta privación de la libertad personal a policías federales, cuando el 26 de agosto los electricistas –encabezados por Martín Esparza– ingresaron a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Necaxa, donde se registraron empujones, insultos y daños en vehículos.
