José Antonio Almazán González | Opinión-La Jornada (18abr14)
La historia se remonta a 1992 y la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, en cuyo marco Salinas de Gortari promovió una
contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, avalada por
la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de aquel entonces.
Los cambios a la ley eléctrica, particularmente a su artículo 3, permitieron la
inversión de capital privado en la generación, pese a violentar la exclusividad
de la nación en la prestación del servicio público eléctrico, tal y como lo
establecía el viejo párrafo sexto del artículo 27 constitucional, hecho añicos
en diciembre de 2013.