22 abril 2014 | Gloria Leticia Díaz | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El incremento de hasta 500% en casos de tortura, la persistencia del arraigo, la militarización como pilar de la estrategia de seguridad pública y el uso desproporcionado de la fuerza policial contra comunicadores en cobertura de actos de protesta social, fueron algunos de los temas abordados por organizaciones civiles durante el primer encuentro con Juan Méndez, relator especial de la ONU.
La Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), Amnistía Internacional (AI), Artículo 19 y el Instituto para la Seguridad y la Democracia dieron cuenta en un comunicado de la reunión con Méndez en esta ciudad en la que expusieron “las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la práctica de la tortura en México”.
Las ONG presentaron al experto de la ONU un panorama sobre la situación en México, así como el lastre en materia de derechos humanos dejado por la administración del panista Felipe Calderón (2006-2012) y su guerra contra el narcotráfico, estrategia que no ha variado gran cosa en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
|
| Militares después de un enfrentamiento con presuntos sicarios en Ciudad Juárez en febrero de 2010. Foto: Ricardo Ruíz |
Por ejemplo, dieron cuenta de los 7 mil 253 casos de tortura registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el sexenio pasado, así como de las 11 mil personas arraigadas de 2006 a la fecha, de las que sólo 3.2% fueron condenadas.
También resaltaron que, pese a que México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no hay cambios favorables en México.
Además, recordaron que en 1997 México tuvo la primera visita de un relator de Naciones Unidas sobre el tema, que emitió un primer informe en 2000, y que en 2012 el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) emitió otro documento recomendatorio.
Luego de resaltar que en 2012 el CAT consignó en su reporte que en materia de tortura subsiste “una realidad que no ha cambiado en México”, las organizaciones civiles puntualizaron que en ese documento los expertos de la ONU señalaron el aumento alarmante de esa práctica “mediante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad del Estado”.
En el documento también plasmaron su preocupación de que se elevara a rango constitucional la figura del arraigo, “lo cual ha provocado que se cometan actos de tortura y malos tratos en cuarteles militares”.
Las ONG resaltaron en el comunicado que en la reunión con Méndez alertaron sobre el incremento de 500% en el número de denuncias por tortura durante el sexenio pasado, práctica “relacionada con la estrategia de seguridad implementada” y, peor aún, “la continuidad y persistencia de esta práctica durante el primer año de gobierno de Peña Nieto”.
También expresaron ante el experto de la ONU su preocupación por “el uso desmesurado de la prisión preventiva y detenciones arbitrarias durante las que ocurren actos de tortura”.
Incluso cuestionaron “la militarización como estrategia de seguridad pública”, lo que “ha provocado el aumento de casos de tortura”, al tiempo que la persistencia del fuero militar “no permite que los responsables sean llevados a la justicia civil”.
Enseguida consideraron alarmante que a partir de la llegada del actual gobierno de Peña Nieto, se ha hecho un “uso desproporcionado de la fuerza policial contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones”.
Las organizaciones demandaron al relator especial que en sus recomendaciones finales considere la abolición del arraigo, así como insistir en la reforma al Código de Justicia Militar “para asegurar que ningún caso que involucre la participación de un elemento castrense en la valoración de derechos humanos sea investigado o juzgado en el sistema castrense”.
Asimismo abogaron por la puesta en marcha de “protocolos y controles de detención, para que cuando una persona sea aprehendida, se le traslade y presente inmediatamente al Ministerio público”.
Además instaron al relator de ONU a abogar por establecer “protocolos de actuación para que elementos de la policía que eviten el uso excesivo de la fuerza y se facilite la labor informativa.”
En el encuentro, las ONG pidieron a Méndez insistir en las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido con anterioridad del CAT, así como de otros organismos internacionales.
Entre los puntos que pidieron a Méndez puntualice en su informe final destaca la inadmisión de “pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura”, así como la investigación inmediata una vez que esa práctica es denunciada.
Además, que insista en la aplicación del Protocolo de Estambul, “con personal capacitado; por otro lado, debe independizarse la aplicación de peritajes de la PGR, aparte de que las autoridades judiciales y jueces deben reconocer los peritajes independientes con el mismo valor que los oficiales”.
También pidieron insistir en la creación de “mecanismos de control del uso de la fuerza para todas las fuerzas de seguridad pública e implementar un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan lo derechos humanos”, así como llamar la atención por la falta de operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo de la CNDH, y se reitere la pertinencia de consolidar un mecanismo autónomo con un marco legal conforme a los tratados internacionales”.
Los representantes de organizaciones expusieron a Méndez casos de tortura y tratos crueles e inhumanos en casos de personas en reclusión, donde son comunes “los castigos corporales y encierros prolongados (…) como medidas disciplinarias”.
Asimismo, denunciaron ante el experto de ONU los malos tratos a que son sometidas las mujeres que recurren a servicios de salud pública para la atención de partos; los abusos sufridos por personas que padecen enfermedades mentales, y la ausencia de datos confiables de la situación en que viven niñas y niños en instituciones públicas.
Aparte, fueron abordados los tratos degradantes que se dan a personas en tránsito en las estaciones migratorias, así como “la falta de investigación e impunidad en los casos de personas desaparecidas, desatención que también genera un forma de tortura psicológica para las familias de las víctimas que siguen clamando verdad y justicia”.
Las reuniones de Méndez con miembros de la sociedad civil continuarán en esta capital, Nuevo León, Chiapas y Baja California, donde “examinará las garantías para los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones de su detención, en particular de aquellos que permanecen años en detención, sea en espera de un juicio, en cumplimiento de una larga sentencia, o en el caso de personas detenidas en estaciones migratorias”.
Expondrán a relator casos emblemáticos de tortura y violencia sexual
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expondrá a Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas (ONU), dos casos de tortura y violencia sexual como ejemplos de la situación que impera en el país.
Méndez, experto argentino, lleva a cabo desde el lunes 21 una visita de trabajo en México, la cual concluirá el próximo 2 de mayo. Hasta ahora se ha reunido con miembros de la sociedad civil y funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, entre otros.
El Centro Prodh, organización que sostendrá encuentros con Méndez, destacó que la tortura –“una práctica terriblemente cotidiana” que es utilizada para la obtención de pruebas “con el fin de condenar a personas, muchas veces inocentes”– es también un delito que alcanza 98% de impunidad.
También resaltó que de 1994 a 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha conseguido dos condenas por tortura, lo que significa “una tasa de impunidad de más de 98% por la falta de adecuada investigación de delitos”.
Los casos que presentará el Centro Prodh al relator especial de ONU son los de Claudia Medina y el de Ángel Amílcar, ambos víctimas de las fuerzas armadas.
Medina Tamariz es una joven que, “además de haber sido incomunicada, fue torturada física y abusada sexualmente durante 36 horas por elementos de la Marina en Veracruz”.
Y Amílcar es un migrante afrocaribeño de Honduras quien fue torturado durante 15 horas en un cuartel militar de Tijuana, Baja California.
El Centro Prodh ha documentado otros casos de tortura institucional: el del indígena mazahua Hugo Sánchez, quien fue ilegalmente acusado de secuestro y posesión de armas, y posteriormente absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el de Israel Arzate, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, también absuelto y que fue acusado de ser uno de los perpetradores de la masacre de 16 jóvenes en Villas de Sálvarcar, en diciembre de 2010.
Ambos casos, apuntó el Centro Pro, evidencian que “por regla general los jueces cuestionan la tortura en primera instancia, en lugar de investigarla como corresponde, trasladando la responsabilidad de probar la tortura a quien fue víctima de ella”.
La organización ha documentado también los abusos cometidos contra mujeres del municipio mexiquense de San Salvador Atenco, expediente que está siendo litigado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un caso de tortura sexual.
En el comunicado, el Centro Pro hizo un llamado a la sociedad mexicana a denunciar abusos, al recordar que “si bien la responsabilidad por la tortura es claramente del Estado mexicano, una sociedad atenta y vigilante es un factor clave para impulsar la democracia y la progresividad de los derechos”.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
