10 enero 2018 | Martín Esparza Flores | Contralínea
El pasado 2017 inició con el aumento del 20 por ciento a las gasolinas, provocando un extendido descontento social de todo un país que cayó en la cuenta de que la promesa de bajar el precio de los combustibles nunca existió más que en la propaganda oficial.
Ahora que arrancará 2018, otro tema no menos álgido está por aplicar una nueva dosis de realidad a millones de habitantes que deberán adaptarse al nuevo sistema de cobros de la electricidad, bajo un esquema de recuperación de los costos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros cargos aplicables a los usuarios, impactando en el monto final de sus recibos.
Tal y como se estableció en las leyes secundarias que dejaron al libre albedrío de organismos ineficientes como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el establecimiento de las nuevas tarifas aprobadas el pasado 29 de noviembre, ahora abarcarán los costos de producción y distribución del servicio, sumándoles la variación mensual de los precios de los combustibles fósiles utilizados para la generación de la energía eléctrica.
