Activistas guerrerenses se encontraban en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aportar datos sobre el múltiple homicidio del 31 de mayo de 2013 en el que está implicado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, cuando policías municipales y un grupo armado arremetieron contras normalistas de Ayotzinapa y causaron seis muertes y la desaparición de 43 estudiantes. El viernes 3, una semana después de la agresión, el organismo interamericano emitió su resolución MC409-14, en la que da un plazo de 10 días al Estado mexicano para determinar la situación y paradero de esos estudiantes.
5 octubre 2014 | Gloria Reza M. | Proceso