La Jornada - Editorial
Por regla general,
cuando se produce un incremento de precios en los servicios, las
autoridades del sector correspondiente cumplen con el requisito de
informar a quienes han de pagarlo cuáles son las razones técnicas del
mismo, y es usual que pongan el acento en un periodo previo al aumento
en el cual los consumidores disfrutaron de una tarifa que, naturalmente,
era inferior a la nueva. Tampoco es infrecuente que sitúen la subida en
un marco económico mucho más amplio (que viene a ser el que en última
instancia la determina) y dentro de un proyecto de desarrollo que exige
eventuales esfuerzos de los ciudadanos. De tal modo, la medida –que por
comprensibles razones difícilmente es bien recibida– va acompañada de
una argumentación destinada a justificarla. En ocasiones, esa
argumentación resulta más o menos consistente; en otras, omite algunos
elementos que también forman parte de la realidad pero podrían emplearse
para cuestionarla.