21 mayo 2017 | Martín Esparza | Contralínea
El nivel de endeudamiento que enfrenta el país ha llevado al gobierno federal a la paradoja de tener que gastar más en el pago de intereses de la deuda que en el área de la inversión productiva para reactivar la economía y generar empleos permanentes y bien remunerados.
Se estima que durante el presente año deberán desembolsarse unos 568 mil millones de pesos para hacer frente a los servicios de los empréstitos; en tanto el recorte por 300 mil millones de pesos afectará sustancialmente a renglones prioritarios como educación, salud y campo, así como a incontables programas sociales. Al finalizar 2017, la deuda pública rebasará con creces los 9 billones de pesos, representando más del 51 por ciento del producto interno bruto (PIB). La estabilidad de México, hay que decirlo, está en riesgo.
Y lo realmente preocupante es que, a sabiendas de que se está comprometiendo el futuro de las próximas generaciones y el desarrollo integral de la nación, la clase política persiste en vivir en el eternizado error de mantener una política económica que ha tolerado la corrupción, subsidiando los privilegios de la alta burocracia a través del multimillonario gasto corriente y convirtiendo a deuda pública los errores de los banqueros, pésimos servidores públicos y empresarios, como ha sucedido con los emblemáticos casos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el rescate carretero y más recientemente la asunción de pasivos de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos por más de 2 billones de pesos.