MÉXICO, DF (Apro).- Un evidente conflicto de interés se reveló como resultado de una auditoría a Petróleos Mexicanos (Pemex): Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía y futuro presidente del Consejo Coordinador del Sector Energético —instancia que vigilará y ejecutará los programas de la materia, incluyendo los contratos con compañías privadas—, es accionista de seis empresas dedicadas a la venta de gasolina y otros servicios relacionados con la refinación de crudo.
En situación similar estaría el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por los recientes contratos que Pemex Refinación le adjudicó a la empresa Ecolaire España, filial de OHL, para construir una planta de hidrógeno y terminar un gasoducto en la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
Hasta septiembre de 2012 Lozoya era integrante del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría de OHL, empresa beneficiada con concesiones de autopistas de peaje en los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal.
El resultado de la auditoría a Pemex lo dio a conocer el martes 20 la senadora perredista Dolores Padierna, quien impulsó en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar a Enrique Peña Nieto que "de manera inmediata" separe de su cargo a Joaquín Coldwell, así como "a las y los servidores públicos de los órganos antes señalados que puedan encontrarse relacionados con operaciones similares a las de sus atribuciones, o en su defecto, informe las razones por las que se puede evitar el surgimiento del conflicto de interés en sus labores".
"El Secretario de Energía meterá mano en todo lo relacionado con los nuevos contratos. Él es un contratista de Pemex, por eso resulta tan delicado que sea juez y parte", dice Padierna a Proceso.
La senadora destaca el delicado papel que jugará el ex gobernador de Quintana Roo y ex dirigente nacional del PRI en el proceso llamado "ronda cero", donde se prevé que Pemex se quede sólo con 22% de los contratos más importantes de exploración y explotación, para beneficiar a los privados.
El punto de acuerdo y el caso Joaquín Coldwell fueron frenados de inmediato por el gobierno federal y por la coordinación del PRI en el Senado, a cargo de Emilio Gamboa Patrón, viejo conocido de Joaquín.
Airado, Gamboa afirmó en conferencia de prensa que el secretario de Energía "no viola ninguna ley; él mismo presentó esta información —que es pública— ante la Contraloría.
Padierna insistió en que el caso de Joaquín no es un asunto menor, pues en las leyes secundarias del Ejecutivo se plantea que en el futuro Consejo de Administración de Pemex haya cinco funcionarios encabezados por el secretario de Energía y cinco consejeros independientes, que pueden ser empresarios.
Además, la clave en los tres modelos de contratos con privados que plantean las iniciativas del Ejecutivo federal (licencias, contratos de producción compartida y contratos de utilidad compartida) será el concepto de "utilidad operativa".
"La utilidad operativa implica la obligación del Estado de pagarle al contratista todos sus costos. Estos son los contratos que en la industria se conocen como contratos de recuperación de costos. Tal como está planteada en las iniciativas, es un desbalance contractual a favor de los privados. Les reponen todos sus costos, gastos, inversiones. Si las utilidades son repartidas entre el Estado y el contratista, ¿por qué los costos los cubre todos el Estado?", se pregunta la legisladora.
RED DE GASOLINERAS
La auditoría realizada por el despacho Castillo Miranda y Compañía a los estados financieros de Pemex y organismos financieros, al 31 de diciembre de 2012, en su numeral 21, relativo a "las partes relacionadas", destacó que entre "las principales transacciones con la alta dirección que Pemex ha identificado" estaban las compañías de Pedro Joaquín Coldwell.
Joaquín es accionista de seis compañías. En Servicios Cozumel, S.A. de C.V., creada el 1 de febrero de 1994, tiene 60%; posee 40% de las acciones en Planta de Combustible Cozumel, constituida en la misma fecha; y 40% de las acciones de Gasolinera y Servicios Juárez S.A. de CV., constituida el 15 de diciembre de 1995.
En el primer caso, 40% de las acciones son propiedad de sus hijos Pedro Óscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, con 20% cada uno. En el segundo caso, 60% es propiedad de su padre Nassim Joaquín Ibarra. Y en el tercer caso, su padre y su sobrino Ignacio Nassim Ruiz Joaquín tienen 40% y 20% restantes.
En las otras tres compañías el titular de Energía tiene 20% de las acciones de Combustibles Caleta S.A. de C.V., constituida el 19 de noviembre de 2001; 25% de las acciones de Combustibles San Miguel S.A. de C.V., creada el 12 de mayo de 2008; y 25% de Combustibles Tatich, S.A. de C.V., registrada el 27 de diciembre de 2009.
El resto de las acciones en estas tres compañías están divididas en partes iguales entre sus dos hijos, su padre y su sobrino. Todas están radicadas en Cozumel, desde donde ha construido su fortuna y poder la familia Joaquín.
RED OHL
De las sospechas por conflicto de interés no se libra el actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Durante el año y medio en que ha estado al frente de la paraestatal, la empresa Obrascon, Huarte y Lain (OHL) ya obtuvo tres contratos relevantes en los sectores energético y eléctrico.
Hasta septiembre de 2012 Lozoya era integrante del Consejo de Administración de OHL, que llegó a ser uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones de infraestructura carretera en el país.
Con Pemex Refinación, bajo la dirección de Lozoya, le adjudicaron la primera construcción de una planta de hidrógeno; la terminación de la refinería Cadereyta Jiménez, en Nuevo León; y la construcción de una planta cogeneradora de energía en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas.
