19 octubre 2018 | Noticias de Morelos | Guillermo Cinta Flores
El tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica lo siguiente: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. El texto contiene parte de las históricas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos.
Bien entonces, de lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de que los tres órdenes de gobierno, particularmente el Poder Ejecutivo de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, implementen lo más pronto posible una estrategia jurídica (y otras medidas emergentes) para preservar las garantías constitucionales de la sociedad cuernavaquense ante la embestida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia que, so pretexto de aplicar las facultades que le confirió la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos de 2018, en una auténtica demostración autoritaria cortó el suministro de energía a un número indeterminado de fuentes de abastecimiento de agua potable en la capital morelense, dejando sin el servicio del vital elemento a casi toda la población.
Si lo anterior, amables lectores, no es un flagrante quebranto a los derechos humanos a la luz de la citada norma constitucional, entonces no sé dónde estamos parados los mexicanos respecto a la aplicación del estado de derecho. El precepto aludido sería una falacia.
Sin embargo, frente a lo ocurrido en días recientes a causa de la drástica acción de la CFE en el ánimo de cobrarle al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) la friolera de 80 millones de pesos, así como 20 millones más de presunto robo del fluido eléctrico, colocó a la ciudad ante el riesgo de un grave estallido social.
Desesperados, los directivos del SAPAC acudieron a la Ciudad de México con el fin de convencer a las más altas autoridades de la CFE, a fin de que acepten una nueva calendarización de pagos, con pagos a la medida de las posibilidades financieras del organismo operador, cuyas finanzas están en la quiebra técnica. El SAPAC no tiene de dónde sacar recursos para liquidar el adeudo con la multicitada empresa de “excelencia mundial”, acostumbrada a actuar de manera inhumana contra el pueblo de México.
Hay un antecedente con respecto a una acción jurídica en materia de derechos humanos emprendida contra la CFE, teniendo como base las garantías constitucionales en la materia.
En la segunda quincena de julio de 2012, Cuernavaca vivió momentos similares a los actuales. La CFE cortó la energía eléctrica a 26 pozos del SAPAC, reclamando el pago de 25 millones de pesos al Ayuntamiento entonces presidido por Rogelio Sánchez Gatica.
El 26 de julio de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a la sazón encabezada por la doctora Lucero Benítez Villaseñor, reaccionó a favor de la comunidad cuernavacense y a través del visitador Daniel Portugal Lagunas inició la queja 186/2012-2 por la suspensión de energía a las 26 fuentes de abastecimiento de Cuernavaca, las cuales abastecían a aproximadamente el 50 por ciento de la población.
En un término de 24 horas a partir de la notificación del documento, la CDHMOR solicitó medidas urgentes para la solución del conflicto ante la falta del vital líquido, al edil de Cuernavaca y el Sistema de Agua Potable. Entre las colonias afectadas estaban: Chapultepec, Teopanzolco, El Empleado, Lomas Tzompantle, Antonio Barona, Carolina, Ahuatlán, Chamilpa, Satélite, Jardines de Cuernavaca, Las Granjas y parte del Centro. Nomás.
He aquí la base para una acción constitucional, gentiles lectores. A pesar del adeudo existente, la CFE ha convertido –nuevamente- en rehén a la sociedad de Cuernavaca para cobrarle al gobierno municipal.
Sin embargo, los usuarios somos los paganos de los platos rotos, no obstante que el agua y la electricidad generada por la CFE gracias a los fondos públicos son patrimonio nacional.
Además, sobre el tema es importante subrayar que el artículo constitucional aludido al principio no exime a ninguno de los tres órdenes de gobierno para actuar en defensa de los derechos humanos evidentemente vulnerados.
Finalmente diré que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.
La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
Esta Resolución, basándonos en el multicitado artículo 1 de nuestra Carta Magna, como un tratado internacional también tiene vigencia en México. A ver si estos recursos son utilizados ante las arbitrariedades de la CFE.
Es importante subrayar que este artículo lo escribí al filo de las 19:00 horas de este viernes 19 de octubre del año en curso, sin que se supiera el resultado de la negociación gestionada en la Ciudad de México por los directivos del SAPAC. Es decir, el escenario pudo cambiar y resolverse de alguna forma u otra a favor de la población, o agravarse con una negativa de la paraestatal.
