Miguel Ángel Granados Chapa
Hoy se cumple año y medio, 18 meses de que se decretó la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. El conflicto a que dio lugar esa decisión, calificada de valerosa pero que nadie se ha atrevido a llamar inteligente, continúa vivo. Dieciséis mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas no han depuesto su decisión de resistir y aun de hacer volver atrás el procedimiento de liquidación, meta en apariencia imposible por resoluciones judiciales como la de la Suprema Corte que determinó la constitucionalidad de la actuación del Ejecutivo. Pero tratándose de un fenómeno extremadamente complejo, aún están abiertas vías legales de impugnación, como la que reprocha al Gobierno Federal haber emitido el decreto del 11 de octubre de 2009 sin apegarse a los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Están igualmente en curso demandas de orden laboral, pues el tribunal constitucional fue claro al establecer que la extinción no afectó por sí misma las relaciones de trabajo entre el organismo liquidado y sus asalariados.
Al propio tiempo que la resistencia obrera prueba que el cálculo de exterminar al sindicato se fundó en supuestos falsos, aparecen algunas de las razones de fondo de la inviabilidad financiera del organismo afectado, que condujeron a extinguir a una empresa más que centenaria a través de sus diversas modalidades. Una de esas razones no explícitas fue reforzar los privilegios de productores particulares y estimular la privatización del sector eléctrico, que se practica a la luz del día no obstante la prohibición constitucional de que particulares participen en la generación de energía eléctrica.
Hoy se cumple año y medio, 18 meses de que se decretó la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. El conflicto a que dio lugar esa decisión, calificada de valerosa pero que nadie se ha atrevido a llamar inteligente, continúa vivo. Dieciséis mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas no han depuesto su decisión de resistir y aun de hacer volver atrás el procedimiento de liquidación, meta en apariencia imposible por resoluciones judiciales como la de la Suprema Corte que determinó la constitucionalidad de la actuación del Ejecutivo. Pero tratándose de un fenómeno extremadamente complejo, aún están abiertas vías legales de impugnación, como la que reprocha al Gobierno Federal haber emitido el decreto del 11 de octubre de 2009 sin apegarse a los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Están igualmente en curso demandas de orden laboral, pues el tribunal constitucional fue claro al establecer que la extinción no afectó por sí misma las relaciones de trabajo entre el organismo liquidado y sus asalariados.
Al propio tiempo que la resistencia obrera prueba que el cálculo de exterminar al sindicato se fundó en supuestos falsos, aparecen algunas de las razones de fondo de la inviabilidad financiera del organismo afectado, que condujeron a extinguir a una empresa más que centenaria a través de sus diversas modalidades. Una de esas razones no explícitas fue reforzar los privilegios de productores particulares y estimular la privatización del sector eléctrico, que se practica a la luz del día no obstante la prohibición constitucional de que particulares participen en la generación de energía eléctrica.
Un estudio sobre el sector energético dedicado por la Auditoría Superior de la Federación al examen de dicha franja administrativa en la Cuenta Pública 2009 arroja luces sobre la verdadera situación de LFC, y sobre la pertinencia que su liquidación tenía a fin de impulsar todavía en mayor medida la privatización del servicio eléctrico.
He aquí párrafos seleccionados de ese reporte de auditoría, que no está movido por ningún ánimo partidario ni sesgo favorable a los intereses gremiales sino que proviene del organismo constitucional de rendición de cuentas:
“LFC desde su creación había recibido transferencias presupuestales cuantiosas y que entre 2001 y 2009 se incrementaron en más de 200 por ciento, ya que pasaron de 13 mil millones de pesos en el primer año a 42 mil millones en el segundo. Sin embargo, debe aclararse que eso no fue exclusivo del organismo liquidado; también la CFE recibió cuantiosas transferencias que se mantuvieron altas, al incrementarse de 46.6 miles de millones de pesos a 98.3 miles de millones durante ese mismo periodo.
“Los costos casi duplicaron sus ingresos por ventas. De 2001 a 2008 la entidad registró ingresos por ventas de 282 mil millones de pesos, mientras que sus costos ascendieron a 524 mil millones de pesos, es decir 186 por ciento sus ingresos. Debe reiterarse que la inversión en proyectos de infraestructura autorizados por los coordinadores sectoriales, SHCP y Sener, para la entidad fueron insuficientes para generar la electricidad que demandaba la zona centro del país y en consecuencia esta provenía de compras a la CFE. Los altos costos de la energía comprada a CFE implicaron que estos aumentaran 90.8 por ciento como proporción de los ingresos totales de 2001 a 119.5 por ciento en 2008”.
Estas cifras derrotan el argumento político central de la extinción, que atribuían a onerosas prestaciones de los trabajadores el estado ruinoso de Luz y Fuerza. Lo cierto es que se colocó en posición precaria a la empresa, en un marco descrito por la ASF como “notorio...desplazamiento que está sufriendo el servicio público de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país por los Productores Externos de Energía (PEE) y el alto grado de desocupación de la planta productiva del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) en propiedad del Estado. No sólo es LFC, que por decreto se extinguió, sino también CFE está perdiendo progresivamente participación de mercado y los PEE detentan alrededor de 50 por ciento de la capacidad de generación de CFE.
“En 2007, Unión Fenosa, productor privado independiente de origen español vendió el KWh (quilovatio hora) a CFE a 59 centavos y CFE lo vendió a su vez a LFC a 1 peso y 93 centavos...En 2008, las compañías eléctricas en su conjunto aumentaron el KWh a 93 centavos y CFE lo transfirió a LFC a 1.50 pesos, y la SHCP obligó al organismo liquidado a vender al usuario a 1.18 centavos (sic, por pesos). Ello originó que los costos de explotación de CFE fueran absorbidos por LFC generando un sobreprecio de cerca de 13 mil millones de pesos en 2009. La energía comprada a CFE tuvo un costo que se incrementó de 41.5 miles de millones de pesos en 2001 a 108.4 miles de millones de pesos en 2008; así, los costos de explotación se integraron 56 por ciento de electricidad comprada a CFE y 26 por ciento de pasivo laboral principalmente. Los altos costos de energía eléctrica que la CFE adquiere de los PEE fueron transferidos a la propia LFC deteriorando aún más su situación financiera.
“Otros costos adicionales, que impactaron negativamente en las finanzas del organismo, fueron... los adeudos de los gobiernos de Hidalgo, México, Morelos y Puebla que ha junio del 2009 ascendieron a 7.4 miles de millones de pesos, el deficiente cobro ha grandes empresas... y cuyos adeudos ascienden a 2.4 miles de millones de pesos...”.
