Javier Jiménez Espriú
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por siete votos contra cuatro que diputados de la actual Legislatura, que le enviaron una controversia constitucional argumentando que los contratos incentivados de Pemex son inconstitucionales, no tienen interés legítimo para plantearla. Dicho de otra manera no tienen derecho legal a presentar la controversia. ¡Increíble!
Ya antes sucedió lo mismo con varios presidentes municipales que se consideraron afectados por la cesión de territorio de sus municipios a empresas que tendrán la concesión por 30 años para explorar y explotar hidrocarburos y por la transferencia de Pemex a los contratistas de parte de la renta petrolera.
Ya antes sucedió lo mismo con varios presidentes municipales que se consideraron afectados por la cesión de territorio de sus municipios a empresas que tendrán la concesión por 30 años para explorar y explotar hidrocarburos y por la transferencia de Pemex a los contratistas de parte de la renta petrolera.
Y, antes de esto último, resolvieron lo mismo contra algunos diputados que trataron de hacer lo propio con los contratos de servicios múltiples, versión anterior a la Reforma Energética, del mecanismo de entrega de los beneficios del petróleo a los contratistas.
En ningún caso, la Suprema Corte entró al fondo del problema; no se discutió si los contratos son o no constitucionales, sino el derecho de quienes presentaban la controversia, a defender los intereses de la Nación, el que les fue negado.
Mientras se está asesinando a Pemex, la Suprema Corte se entretiene discutiendo si quienes están viendo el asesinato pueden o no, jurídicamente, señalar el homicidio.
¿Quién entonces y cómo, puede o podemos, parar el atentado? Si la Suprema Corte es la única instancia para interpretar la Constitución y en este caso para señalar la constitucionalidad o no de los contratos, nos podrían decir los señores ministros ¿quién tiene derecho a pedirles que lo hagan? ¿Cómo podemos convencerlos de que actúen frente a un hecho de lesa Patria?
Su actitud está resultando el escudo infranqueable para la impunidad. Un grupo de señores incrustados en el consejo de administración de Petróleos Mexicanos se sirven con la cuchara grande de los contratos y reparten, además, parte de la renta petrolera que corresponde a la Nación, a cercanos y consentidos, abusando de que una Ley secundaria los faculta para diseñar los contratos, pero ignorando los límites que la Ley Suprema establece. En este caso, si la Suprema Corte calla, otorga.
Ayer, la Suprema Corte tomó su decisión; hoy, literalmente, se adjudican los primeros contratos, Como dirían los interesados de aquí y de allá: “Just in time” –uso el idioma que usan–; ¡que coordinación!, ¿no?
La Suprema Corte puede estar tranquila, pues cumplió con precisión, en tiempo y forma –que en este caso la forma no fue fondo–, con las instrucciones de sus jefes de hecho: los dueños del poder y del dinero.
¿Qué hacer si quienes debieran ser garantes del estado de derecho lo violan y quienes debieran juzgar no juzgan, amparándose en meras cuestiones procesales, para nunca entrar al fondo del asunto, con lo que impiden el acceso a la ley?
¿Se trata de un laberinto siniestro sin solución? No podemos dejarnos caer en la resignación, cuando nos asiste la razón y está en juego el interés nacional.
