24 julio 2016 | Martín Esparza Flores | Contralínea
La propuesta de elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano en México, inscrita en la Cámara de Diputados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), encuentra sólidos fundamentos para su estudio, análisis y aprobación, en los tratados internacionales en la materia adoptados por nuestro país, y que reafirman la tesis de no considerar la prestación de este servicio como una simple mercancía sino como un derecho social al que deben acceder todos los habitantes en igual rango de importancia como el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación. En el plano económico, la electricidad a un precio justo permite además el desarrollo integral y sostenido de todas las ramas productivas, comerciales y de prestación de servicios; por ello, las naciones más desarrolladas buscan que el precio de la electricidad no impacte en los costos de producción de los productos o manufacturas. Cuando el 14 de agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el nacimiento formal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo hizo consciente de que si su gobierno no tomaba una medida nacionalista de esta naturaleza, la economía del país no despegaría por falta de electricidad. El monopolio de este sector era entonces controlado por dos empresas extranjeras, la Mexican Ligth and Power y la American and Foreign Power, convertidas en un lastre para el desarrollo nacional y en una pesada carga para la economía de las familias mexicanas.
La propuesta de elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano en México, inscrita en la Cámara de Diputados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), encuentra sólidos fundamentos para su estudio, análisis y aprobación, en los tratados internacionales en la materia adoptados por nuestro país, y que reafirman la tesis de no considerar la prestación de este servicio como una simple mercancía sino como un derecho social al que deben acceder todos los habitantes en igual rango de importancia como el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación. En el plano económico, la electricidad a un precio justo permite además el desarrollo integral y sostenido de todas las ramas productivas, comerciales y de prestación de servicios; por ello, las naciones más desarrolladas buscan que el precio de la electricidad no impacte en los costos de producción de los productos o manufacturas. Cuando el 14 de agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el nacimiento formal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo hizo consciente de que si su gobierno no tomaba una medida nacionalista de esta naturaleza, la economía del país no despegaría por falta de electricidad. El monopolio de este sector era entonces controlado por dos empresas extranjeras, la Mexican Ligth and Power y la American and Foreign Power, convertidas en un lastre para el desarrollo nacional y en una pesada carga para la economía de las familias mexicanas.
