Congreso y Corte, responsables
1 julio 2016 | Martín Esparza Flores | Siempre!
En el escenario de los agudizados conflictos sociales hay dos actores estelares que ocultos tras bambalinas se escabullen a los ojos de la nación para no asumir la responsabilidad que les toca como causantes directos del brete en que han colocado a las autoridades ante sectores como el magisterio democrático, la clase trabajadora y los pueblos originarios. En esta prolongada historia de desencuentros, tanto el Congreso como la Suprema Corte de Justicia tienen mucho de culpa al conculcar con sus parciales decisiones los derechos de millones de mexicanos. Cuando la sociedad ha exigido su derecho a ser escuchada y a promover sus recursos de inconformidad contemplados en las leyes, tanto legisladores como ministros les han dado la espalda, devastando el Estado de derecho.
A los trabajadores como a los indígenas y demás grupos sociales agraviados no les ha quedado más recurso para defenderse y hacerse escuchar que las protestas y movilizaciones. Nadie sale a marchar en las calles y carreteras, ni ejecuta bloqueos por gusto.
En el movimiento de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas sufrimos en carne propia lo que es enfrentarse a un Poder Legislativo insensible a los reclamos de la nación, y mirar azorados cómo un grupo de ministros tuvo la osadía de revocar un amparo fallado a nuestro favor por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, violando la Constitución.
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| Sesión del Pleno en Vivo |
Ante los atropellos que al unísono vienen cometiendo desde hace años contra el pueblo de México el Poder Legislativo y Judicial, no queda otra salida que la lucha social; la Corte ha bloqueado la protección de las leyes mexicanas lo mismo a los electricistas del SME en la defensa de sus fuentes de empleo, que a los miembros de la tribu yaqui en la lucha por preservar sus recursos acuíferos. También a los maestros de la CNTE se les negaron los amparos promovidos en contra de la evaluación académica, parte toral de la impositiva reforma educativa que atenta contra su estabilidad en el empleo.
En todos estos casos se ha criminalizado la protesta social, por lo que varios de sus miembros y dirigentes han sido encarcelados a través de la fabricación de supuestos delitos como ha ocurrido recientemente con los líderes de la Sección 22 de la Coordinadora. La irresponsabilidad de jueces y legisladores ha derivado en la aparición de innumerables presos políticos.
Pero ha sido quizá la autorización de la Corte para embargar el salario de los trabajadores por deudas mercantiles o civiles, poniendo sus magros ingresos a disposición de los insaciables banqueros, uno de los más deshonrosos fallos, que ha reflejado la total ausencia de sensibilidad social en los integrantes del máximo órgano de justicia del país y del que los legisladores han dividido complicidades. Si el Congreso y la Corte no asumen su deber, al agredido pueblo no le quedará otro recurso que seguir movilizándose porque los conflictos sociales no se resolverán sólo con promesas al diálogo.
