El exilio, por persecución y amenazas del gobierno y empresarios
“Los sindicatos son Mi delito ha sido un cáncer para la sociedad y hay que extirparlos”, habría dicho Calderón a los empresarios que financiaron su campaña.
Napoleón Gómez Urrutia/Archivo La Jornada | Carlos Fernández-Vega, enviado.Vancouver
Inculpado penalmente de 11 delitos que “nunca cometí”; acosado por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; hostilizado por autoridades políticas y laborales, en complicidad con los líderes oficialistas de la CTM y el Congreso del Trabajo; amenazado, junto con su familia, por los barones del sector minero, con Germán Larrea y su Grupo México en primer plano, y permanentemente hostigado por los grandes empresarios del ramo para que renuncie a la dirigencia nacional del sindicato que encabeza, Napoleón Gómez Urrutia anuncia, no sin riesgos, su inminente regreso a México tras cinco años y medio de exilio en esta ciudad canadiense porque, dice, “todas las imputaciones fueron fabricadas y una tras otra se les han desmoronado en los tribunales; mis persecutores ya no tienen de dónde agarrarse; se les ha caído la farsa”.
Gómez Urrutia sostiene que los delitos reales, si así pudieran calificarse, no son otros que defender al gremio, “en su bienestar, dignidad e independencia”; denunciar públicamente la corrupción y colusión entre los gobiernos panistas y los grandes empresarios mineros; exigir castigo por el homicidio industrial cometido por Germán Larrea y el Grupo México en la mina Pasta de Conchos, “porque eso es exactamente lo que cometió”, y demandar la renuncia del secretario foxista del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, “plenamente entregado a los intereses de Larrea, uno de los hombres más ricos de México a costillas de los bienes nacionales. Esos, y no los delitos que me fabricaron, son los motivos reales que provocaron la furia de esa voraz mafia de autoridades panistas y empresarios de la minería, la cual sentenció: córtenle la cabeza”.
Puntual fue la charla con el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, quien recibió a La Jornada en la oficina que solidariamente le proporcionó, en sus propias instalaciones y desde su llegada a Canadá, la United Steelworkers. “Ese fue el inicio público de la persecución, que se prolonga por más de cinco años”, explica Gómez Urrutia, “pero hay antecedentes que dejan en claro que todo se gestó cuando menos un año antes; se creó una conspiración para removerme del sindicato, tomar el control de la agrupación e imponer títeres al servicio de la empresa y del gobierno. En 2005 hubo varias reuniones clandestinas en las oficinas de Carlos Abascal Carranza, ya como secretario de Gobernación, y otras en las del titular de Economía, Fernando Canales Clariond, en las que participaron varios empresarios…”
CFV: Comencemos por los empresarios involucrados. ¿De quiénes se trata?
NGU: En primer lugar, de Germán Larrea, dueño del Grupo México, y su director Xavier García de Quevedo; los hermanos Julio, Sergio y Pablo Villarreal Guajardo, del Grupo Villacero; Alberto Bailleres, del Grupo Peñoles, y su director, Jaime Lomelín; Alonso Ancira Elizondo, del Grupo Acerero del Norte, y probablemente Xavier Autrey, su socio. Ellos, principalmente, junto con funcionarios foxistas de Gobernación, Economía y Trabajo, fueron quienes desde 2005 diseñaron la estrategia para atacar a nuestro sindicato, inventar acusaciones, intentar destituirnos e imponer una nueva dirigencia a su servicio.
Manta de protesta de los mineros de Cananea contra Germán Larrea. Fotografía/ Internet
En días previos a la explosión en la mina Pasta de Conchos, narra Gómez Urrutia, sucedieron dos hechos clave. Uno, la renovación de la mesa directiva del Congreso del Trabajo. “Un grupo mayoritario de dirigentes sindicales proponía que yo fuera el siguiente presidente del CT. Víctor Flores, de los ferrocarrileros, había estado ya dos años al frente del organismo, y los estatutos –no sé si los hayan modificado en estos cinco años– definían que hasta allí llegaba. Sin embargo, los líderes de la CTM, el propio Flores, Enrique Aguilar Borrego, de los bancarios, y varios más, se habían reunido con Carlos Abascal, a quien propusieron que no hubiera cambios al frente del Congreso del Trabajo, aun violando los estatutos”.
El ambiente se tensó, y “en esta conspiración se acordó (dos días antes de Pasta de Conchos) enviar a un grupo de 300 golpeadores, drogados, fuertemente armados, a tomar las oficinas de nuestro sindicato, y así lo hicieron por un par de horas. Regresaba de una conferencia de prensa, cuando me avisan que no llegara porque el edificio sindical estaba en poder de esos vándalos, quienes robaron, destruyeron y saquearon documentos oficiales, sobre todo los probatorios de que una parte importante de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero se habían distribuido entre los trabajadores –un total de 22 millones de dólares– de Cananea y Nacozari. El objetivo era que no tuviéramos cómo probar el legal y transparente manejo de esos recursos. Pero les salió mal: tenemos copias de todos y cada uno de los cheques entregados a los trabajadores, con actas de recepción firmadas por ellos”.
Los porros, narra Gómez Urrutia, llegaron encabezados por Elías El Sope Morales (expulsado en la convención nacional de 2000, con cargos probados de traición, corrupción y espionaje a favor de las empresas, sobre todo las de Larrea y los Villarreal), quien exhibió una “toma de nota” como supuesto nuevo secretario general del sindicato, “que al vapor e ilegalmente le entregó el secretario del Trabajo, Salazar Sáenz, violando la autonomía y la libertad sindicales, los estatutos internos y el convenio 87 sobre la libertad de asociación de la OIT, que México tiene firmado hace más de 60 años. Sólo hasta el 28 de febrero de 2006 anuncian que Morales había sido designado. No era miembro del sindicato, no hubo convención ni se tomó en cuenta a los trabajadores, y el primer requisito para ser electo es, precisamente, formar parte del sindicato. Fue una imposición total la que empresarios y gobierno pretendieron hacer; fallida, desde luego”.
Trabajadores mineros, en un mitin de protesta por la campaña de difamación de Televisa contra su líder. Fotografía/Archivo La Jornada
En ese ambiente ocurrió la explosión en Pasta de Conchos. Algunos directivos de Grupo México se trasladaron a la mina (Germán Larrea nunca apareció, tampoco Fox); a Salazar Sáenz lo envió el presidente, y la dirigencia sindical viajó de inmediato al lugar de la tragedia. “Esto interrumpe lo que pensaban hacer, pero deja ver que impondrían a Elías Morales, harían públicas las acusaciones fabricadas y arrestarían a varios de nosotros sin fundamento legal. Esa fue la estrategia torpe, perversa, de funcionarios corruptos coludidos con empresarios corruptores (Calderón, ya como presidente electo, hizo una declaración que nosotros supimos, aunque nunca salió a la luz pública; le dijo a un grupo de empresarios que aportó recursos a su campaña: ´los sindicatos son como un cáncer para la sociedad y hay que extirparlos´).
“De momento todo se centra en la tragedia. Desde allí hago las acusaciones, porque el crimen que cometieron no sólo fue por las terribles condiciones de inseguridad e insalubridad que mantenía Grupo México y que nosotros veníamos denunciando, sino porque la Secretaría del Trabajo no realizó ninguna de las inspecciones que por ley son obligadas, pues Salazar Sáenz estaba coludido con Larrea. Sus empresas particulares eran proveedoras de Grupo México, y su yerno, Pedro Camarillo, era el delegado de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, de tal forma que había una total colusión con la empresa. De allí mi acusación de ‘homicidio industrial’, porque eso es lo que cometieron, y la exigencia de que renunciara el secretario del Trabajo. Entonces se abrió y estalló el conflicto en el que ha habido asesinatos, detenciones, torturas, daños graves contra los trabajadores, acusaciones ilegales, toda una estrategia perversa, utilizando medios de comunicación, jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte, contra nuestro sindicato”.
CFV: ¿En qué momento decides salir de México? ¿Qué te lleva a asumir que tu sobrevivencia sólo sería posible fuera del país?
NGU: A partir de mi acusación de homicidio industrial, al tercer día de la tragedia de Pasta de Conchos. De inmediato comenzaron las amenazas, telefonazos y correos electrónicos intimidatorios, mensajes que incluso dejaron en el parabrisas del automóvil de uno de mis hijos, en el que advertían que si no dejaba de acusar a Grupo México me iban a asesinar, y a mis hijos y esposa a descuartizar. Esos son los términos que utilizaban. También recibí comentarios de algunos amigos políticos, en el sentido de que preparaban un ataque frontal para detenerme; lo consulté con mis compañeros, con amigos líderes sindicales internacionales, y todos me recomendaron salir temporalmente. No lo quería hacer. De hecho, me quedé dos semanas más en Pasta de Conchos y en lugares de alrededor, exigiendo continuar con las tareas de rescate, una investigación a fondo para castigar a los responsables, y un trato justo y digno para los familiares de los mineros atrapados, pues consideramos que algunos de ellos aún podían estar con vida”.
De inmediato recuerda el histórico rescate en la mina chilena de San José Copiapó y compara: “Chile, en 2010, nos hizo ver que 17 días después del derrumbe se localizaron con vida a los trabajadores y los rescataron 69 días más tarde. Fox, al quinto día de la tragedia en Pasta de Conchos cerró la mina y dejó al Ejército. Los trabajadores sindicalizados intentamos seguir con las labores de rescate, pero lo impidió la tropa. No querían que se conociera la realidad de lo sucedido, ni la negligencia criminal cometida por el gobierno y la empresa. En esas condiciones era muy riesgoso continuar, exponer a la organización sindical, no sólo mi persona y mi familia, sino la de todos mis compañeros, porque iban por todo. Querían acabar y destruir sin miramientos. Cinco años después no hay responsables, pero sí 63 cuerpos abandonados en la mina. Grupo México es considerado por organismos internacionales entre los diez consorcios menos éticos del mundo. No respeta la salud ni la vida de los trabajadores, se guía por la avaricia y la corrupción a través de sus contactos gubernamentales. Grupo México se sintió totalmente protegido por Fox para tomar esta determinación. Lo mismo con Calderón. Ningún empresario, por obsesiva que fuera su actitud, se arriesgaría a pelearse con un sindicato, si no se sintiera totalmente protegido por el gobierno”.
Mineros de la mina de Santa María arriban a las instalaciones de Pasta de Conchos para apoyar a las víctimas del derrumbe, 21 de febrero de 2006. Fotografía/ Marco Peláez
CFV: Más de un lustro transcurrió y ni en el gobierno ni en la empresa hay responsables, según la versión oficial. Sin embargo, en todo ese tiempo no han quitado el dedo del renglón para meterte a la cárcel y destituirte de la dirigencia sindical. Acumulas varias victorias legales, pero esa mancuerna sigue. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Simplemente hay que esperar que acabe el sexenio o que tome el poder otra fuerza política?
NGU: La persecución se mantiene, no obstante que desde un principio probamos que todas sus acusaciones eran fabricadas. En marzo de 2006 la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigó el fideicomiso de los 55 millones de dólares, y determinó que no había ninguna responsabilidad para mí u otro de los funcionarios sindicales; que el fideicomiso se extinguió correcta y legalmente, y que los recursos estaban dispuestos de manera probada y transparente. El gobierno ocultó el reporte, igual que la Siedo y la PGR. El informe de la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para investigar el citado fideicomiso concluyó lo mismo: ninguna acusación tenía sustento. Posteriormente, la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, de la que nuestro sindicato forma parte, solicitó a un despacho internacional (con sede en Suiza) que practicara una auditoría. Tardó más de seis meses, para concluir que no se había desviado un sólo peso. El dictamen se entregó a las autoridades, se publicó en todos lados y aun así el gobierno, ya de Calderón, continuó con esas acusaciones. Todo ello da cuenta de que han violado el estado de derecho y pervertido la aplicación de la justicia.
¿Hasta dónde llegarán?, se le pregunta a Gómez Urrutia, y explica: “Ya no tienen mucho para dónde hacerse. De 11 acusaciones falsas que presentaron, diez se cayeron de manera definitiva en tribunales. La número 11 también, ya estaba ganada en amparo, pero violando la Constitución y sin sustento legal la presentaron de nueva cuenta. Es la relativa a delito bancario. Todo, para retrasar mi regreso a México. Pero lo vamos a ganar. Ha sido una agresión tras otra, sin precedente en la historia del sindicato, y probablemente en el movimiento obrero. Están violando el principio constitucional de que nadie puede ser acusado dos veces por lo mismo, y aquí nos han acusado dos y tres veces. Hay un caso muy claro: las cuentas bancarias del sindicato y las de sus dirigen tes están congeladas desde hace más de cinco años; cinco veces hemos logrado destrabarlas, y el mismo día las vuelven a congelar con los pretextos más absurdos. El más reciente de ellos: porque la PGR y la Siedo tenían sospechas –ese es el término que aplican– de que los trabajadores pudieran utilizar estos dineros para comprar droga. Es la obstinación de Larrea, Bailleres, Ancira y, por supuesto, del gobierno de Calderón, donde encontraron un secretario del Trabajo a modo para ellos, Javier Lozano (también Abascal y Salazar Sáenz). Y es obvio: Germán Larrea se expresa de Javier Lozano (lo ha dicho delante de algunos empresarios, yo lo sé de varios de ellos) como que es su gato, y que con su gato puede hacer lo que quiera. Eso no molesta; sí, que Lozano se encargue de demostrarlo. Ha devaluado a la Secretaría del Trabajo, la que ha convertido en una gerencia de relaciones industriales del Grupo México”.
Gómez Urrutia engarza los temas. ¿Existe un pacto entre este grupo de empresarios y el señor de Los Pinos? ¿Qué negociaron o intercambiaron para operar con total impunidad?, pregunto.
NGU: La elección misma de Felipe Calderón. Existen serias dudas sobre si realmente ganó las elecciones de 2006, y entre los grandes contribuyentes financieros a su campaña electoral aparecen estos mismos empresarios, entre otros. De hecho, hasta le sobraron recursos. Allí está el caso clarísimo de Zhenli Ye Gon: 205 millones de dólares en efectivo, y dijo el chino que se los habían dado para la campaña de Calderón. Javier Lozano, el gato de Larrea, fue el coordinador de fondos para la campaña de Calderón. Es evidente que esto fue producto de la mafia creada por este grupo de empresarios y el gobierno, de ese financiamiento a la campaña de Calderón y a la imposición que hicieron como presidente de un país que no merece este tipo de gobierno, ni este tipo de funcionarios al servicio de un grupo de empresarios, que es el mismo beneficiado por la privatización de los bienes nacionales.
Dicho grupo, apunta el líder sindical, sabe que no logrará un resultado favorable en tribunales. Por ello han recurrido a otro tipo de estrategia, como detalla el propio Gómez Urrutia: “en estos cinco años he tenido muchas ´visitas´ de empresarios, quienes ofrecieron intervenir para ´resolver ´ el conflicto, pero sobre condiciones inaceptables. Entre otros, vino Jaime Lomelín, director del Grupo Peñoles, de Bailleres; estuvo aquí por lo menos en tres ocasiones; Alonso Ancira, fácil en cinco, y muchos otros en plan de interceder en busca de una ´solución´. Lo que pretendían era mi renuncia y la entrega del sindicato, lo mismo que desde un principio. Alonso Ancira vino en 2006. Me ofreció 10 millones de dólares a cambio de mi renuncia y que ellos nombraran al sucesor en el sindicato. Por supuesto que no acepté, ni siquiera abrí la posibilidad de negociación. Regresó en 2007 y ofreció 20 millones y en 2008, el 23 de junio para ser exacto, retornó para ofrecer 100 millones, q ue –dijo– estaban dispuestos a poner algunos empresarios de la Cámara Minera de México y el gobierno, con tal de que entregara el sindicato. A cambio pedían que yo no regresara a México hasta que terminara Calderón, mi renuncia, y que no hablara mal del gobierno ni de esta conspiración que habían armado. Mi respuesta fue un no tajante”.
Los nuevos señores feudales no pagan impuestos
CFV: Además de la impunidad, los gobiernos panistas han garantizado otras cosas. Por ejemplo, con Fox los barones de la minería, nacionales y extranjeros, obtuvieron 25 millones de hectáreas en concesiones mineras. Con Calderón, hasta donde va, 27 millones adicionales. Entre ambos, alrededor de 52 millones de hectáreas, es decir, 26 por ciento del territorio nacional para ellos, a cambio de nada para la nación. ¿Hasta dónde puede llegar esta política y estos políticos?
NGU: Cuando empezó el conflicto, en 2006, Grupo México estaba valuado en menos de 2 mil millones de dólares; cinco años después subió a más de 16 mil millones. En ese lapso Larrea se convirtió en el segundo más rico del país, según Forbes. No pagan impuestos, o lo hacen mínimamente; son los nuevos latifundistas y los nuevos señores feudales del país. Larrea, Bailleres, Ancira, los grandes grupos, se quedan con los recursos de la nación. De hecho, al principio de todo esto existía un conflicto serio entre Larrea y Ancira por el gas metano; se disputaban las concesiones en la región carbonífera de Coahuila. ¡Y ahora son los grandes aliados! El problema se los resolvieron Fox y los diputados: 20 días después de la tragedia, modificaron la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la ley minera para que esos mismos empresarios se beneficiaran del gas grisú, el mismo que provocó la explosión en Pasta de Conchos, y las primeras concesiones a un particular se las entregaron a Larrea. De la tragedia hicieron negocio: 550 millones de dólares adicionales cada año.
¿Cómo lograron eso en un país de “instituciones al servicio de la nación”, según reza la propaganda oficial? “¡Fácil! –responde Gómez Urrutia: recurrieron a sus legisladores incrustados en el Congreso (también meten dinero a sus campañas electorales) y al gobierno que los protege. Pero no sólo el gas grisú, porque Fox entregó más de 400 concesiones mineras a Larrea, cada una de ellas con miles de hectáreas. Muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros sino en desarrollos turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, porque si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales, derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras. Es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado”.
CFV: Otros países, también con inversión privada en el sector minero, además de los impuestos a las utilidades, cobran derechos y regalías a los empresarios mineros que permiten al Estado obtener beneficios de sus propios recursos naturales. En México no; el erario nada obtiene, y menos los mexicanos. Explotan al país en condiciones feudales, con el aval gubernamental. En lo inaudito, el gobierno panista compra a empresas extranjeras (canadienses, fundamentalmente) oro mexicano. Parece que más de cinco siglos después de la llegada de los españoles con su sed de oro, las condiciones de explotación minera prácticamente no se han modificado.
NGU: En la historia minera de México encuentro tres grandes épocas de saqueo y transformación hacia manos particulares. Desde luego la Colonia: 300 años de saquear las minas mexicanas, sobre todo de plata y oro. Después, a partir de la política de mexicanización de la minería (brincamos a los años 70 del siglo XX) se abre un breve paréntesis, cuando empieza el control del Estado en la propiedad de las empresas mineras (minoritaria, mayoritaria o total), y el gobierno retoma el control de los recursos naturales, pero hasta allí. Poco después viene la etapa privatizadora que comienza De la Madrid y profundiza Salinas, cuando todas las empresas de participación estatal del sector de la minería y de la siderurgia se entregan a estos mismos empresarios. Y llega esta tercera etapa, en la que no sólo este grupo de empresarios nacionales se beneficia, sino ahora también el capital extranjero. Una parte importante de la riqueza nacional se la llevaron, y se la siguen llevando, de allí que México compre su propio oro a empresas foráneas.
Pero el gran capital, con la venia del gobierno, no sólo explota los recursos minerales. “En su mayoría, los proyectos mineros funcionan sin trabajadores organizados, sólo con empresas de outsourcing, de tal forma que les han dado toda la flexibilidad para que lleguen y abusen. Esta es otra entrega total de la riqueza nacional, porque no hay visión de Estado, menos en los gobiernos panistas, que han sido un desastre. Están condenando a México al fracaso total. Siendo tan importante la minería para el país, los recursos se desperdician, porque la mayoría está en manos extranjeras y en las de un pequeño grupo de empresarios nacionales. Aquel proyecto industrializador del país fue destrozado por los gobiernos neoliberales. Lo que sucede en la minería evoca el proceso de la banca, que pasó del sector privado al público para reprivatizarla a favor de especuladores mexicanos, y de allí, por decisión gubernamental, a la extranjerización. Y los bancos ya no tienen trabajadores: todo es por outsourcing, es decir, el esquema que quieren imponer en la minería. Esto implica no sólo que los trabajadores carezcan de una organización que los represente y defienda, sino que los expone a un mayor grado de explotación. La Secretaría del Trabajo debería ser la tutelar de los derechos de los trabajadores, pero en realidad tutela los derechos empresariales. En eso la han convertido. Y para ello ponen a personas como Javier Lozano. Es el mismo caso de Fernando Gómez Mont en Gobernación, abogado penalista de Germán Larrea durante por lo menos los seis años anteriores, y de repente se ve la mano y la fuerza de un empresario que logra imponerlo en Bucareli. Es aberrante”.
México acumula treinta años sin proyecto nacional
CFV: Se repite la historia: a paso veloz otorgan concesiones al capital extranjero, el cual entra con mucho gusto, dadas las enormes facilidades que el gobierno le brinda, comenzando por las fiscales, algo que en sus países de origen no tienen. Los sectores estratégicos primero entregados al capital privado nacional y más adelante al extranjero, y ambos son depredadores profesionales. Así, ¿qué futuro tiene el país?
NGU: México requiere un cambio profundo en política económica. Espero que en este momento político, de decisiones electorales, partidos y candidatos tengan una visión diferente. Si no hay cambio de estrategia de mediano y largo plazos, México va hacia el fracaso total. De no lograrse el cambio real, el país terminará con graves problemas y desequilibrios sociales. México acumula 30 años dando vueltas en círculo, carente de proyecto nacional. Si desde 30 años atrás México hubiera iniciado una estrategia de largo plazo, estaríamos en una posición muy distinta, y no hay que dejar a un lado que en ese mismo lapso muchos países nos rebasaron dramáticamente. No nos oponemos a la inversión extranjera; sí a que violen la ley y los derechos de los trabajadores. Gómez Urrutia narra algunas de sus experiencias con quienes prometieron “cambiar” al país: “varias veces le dije a Carlos Abascal, como secretario del Trabajo y de Gobernación, y también a Fox y a Marta Sahagún, y lo sigo diciendo, que el esquema conservador de los gobiernos panistas está ligado al fundamentalismo religioso, al odio y desprecio hacia la clase trabajadora, a crear élites y proteger sus intereses en contra de la mayoría. Pero también tienen doble moral. Carlos Abascal, por ejemplo: se podía persignar todos los días, ir a misa y traer la Biblia en la mano izquierda, pero el lunes llegaba a la oficina con el garrote en la mano derecha para golpear a los sindicatos democráticos. Mantienen una visión torpe de la historia, de la evolución del país y de su sociedad. Espero que pronto se den cuenta, porque esta situación se vuelve cada vez más intolerable. Están poniendo en grave riesgo no sólo la paz laboral del país, sino la estabilidad social de México”.
Y a los empresarios citados, ¿cómo los definirías?, pregunto. “Te contesto con un ejemplo”, dice Gómez Urrutia: “En su última ´visita´, pregunté a Alonso Ancira dos cosas importantes: ¿por qué este gobierno y los empresarios no han querido vernos con respeto?, y me contestó: ´porque México no está preparado para tener líderes sindicales así; llegaste 25 años antes´. Yo le dije: ¿México o ustedes los empresarios mediocres?, porque claro que el país está preparado, aunque no quienes lo dirigen. Y la segunda: ¿por qué Calderón compró este boleto y desaprovechó la oportunidad de conciliar y resolver? Me respondió: ´¿qué esperabas? Está acomplejado, chaparro, con rasgos indígenas, alcohólico, y lo único que hace para sentir que es presidente es dar un manotazo en la mesa y tomar decisiones improvisadas, sin medir consecuencias ´. Nunca Calderón, como tampoco Fox, escuchó la opinión de nuestro sindicato; su única versión es la empresarial, y quien gobierna con una sola opinión, no escucha ni busca el equilibrio, se va a equivocar y va a fracasar. Habrá que ver cuál será el futuro de Calderón y Lozano. Estarán buscando protección e impunidad, nacional e internacional, pero han cometido tan serios y graves errores que deberían desde ahora, si es que no lo han hecho, preocuparse por su futuro”.
Falta poco más de un año para que Calderón deje Los Pinos. ¿Cuál es el panorama político-electoral que ve el sindicato para 2012?, se le pregunta al líder sindical. “Confiamos –dice– en que primero habrá un cambio de régimen. El grupo panista no debe continuar porque ha cometido tantos abusos, errores e injusticias que no debe permanecer en el poder. Ha sido un fracaso. Los de Fox y Calderón pasarán a la historia como dos de los peores gobiernos de México. Sería un gravísimo error si los mexicanos permitimos que las cosas no cambien de verdad. Si México continúa como hasta ahora, con el PAN u otro partido que siga un esquema similar, sería un fracaso del que todos nos arrepentiremos, cuando los problemas sociales y políticos revienten”.
En cuanto a su futuro inmediato, puntualiza: “Es inminente mi regreso, pero tendré que hacerlo con mucho cuidado. Sería un absurdo que este gobierno y estos empresarios fomentaran o cometieran algo en mi contra. Sería lamentable, porque la reacción no se haría esperar en un momento político muy difícil para el país. Lo que puedo decir es que más de 200 millones de trabajadores en todo el mundo nos apoyan incondicionalmente: los Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, la Federación Internacional de la Industria Química, Eléctrica y Minera, la AFLCIO, el Congreso del Trabajo de Canadá, la Confederación Sindical Internacional. Ellos saben que la agresión contra un sindicato es contra todos los sindicatos, y que si permiten que un gobierno y un grupo mafioso de empresarios desoigan a una organización sindical en México, terminarán por hacerlo en cualquier otro lugar del mundo”
Fuente: Especial La Jornada
