XALAPA, Ver. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que fueron tramitados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante los cuales se autorizó la construcción de dos hidroeléctricas en el municipio de Jalacingo.
El pasado miércoles 16, la Primera Sala de la SCJN emitió un fallo a favor de la controversia constitucional promovida por el ayuntamiento de Tlapacoyan, contra la autorización de la Semarnat a empresas particulares para construir hidroeléctricas sobre el cauce del río Pancho Pozas, que atraviesa por ese municipio y otras localidades de la zona.
En la resolución se declaró la invalidez de los dos procedimientos de evaluación sobre impacto ambiental –30VE/2009E/0024 y 30VE/2009/E0035– tramitados ante la dependencia federal por las empresas Proyectos H1 S de RL de CV y Proyectos H3 S de RL de CV, respectivamente, debido a las irregularidades contenidas.
En su fallo, los ministros argumentaron que al no haberse publicado –en un periódico de amplia circulación en la entidad veracruzana– un extracto de los proyectos relativos a la construcción de dichas plantas, “se impidió la difusión efectiva de los mismos y la posibilidad de que cualquier interesado pudiera solicitar el inicio de una consulta pública”.
En el análisis del juicio iniciado por autoridades y lugareños de ese municipio, los ministros consideraron que el hecho de que las solicitudes de autorización hayan sido publicadas en la Gaceta Ecológica no subsana el vicio en cuestión, ya que la ley exige su difusión en un diario de amplia circulación para que se pudiera realizar una consulta popular al respecto.
En la resolución, los ministros de la Primera Sala, Arturo Zaldívar, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío Díaz, votaron por unanimidad ante los posibles efectos ambientales que pueden causar dichas construcciones en la circunscripción territorial, que comprende varios municipios.
Asimismo, subrayaron que “la posibilidad de que el municipio de Tlapacoyan interviniera en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, respecto de los proyectos que posiblemente puedan causar efectos ambientales, fue coartada, lo que impidió su participación en la atención de esos asuntos y su intervención en la aplicación del ordenamiento ecológico regional correspondiente”.
En esas condiciones, preciso, el municipio actor, por un lado, no estuvo en aptitud de iniciar una consulta pública, en virtud de que las manifestaciones de impacto ambiental no fueron publicadas en diarios de circulación local, “como lo exige la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”.
Por otro lado, “tales proyectos podrían afectar la capacidad para prestar el servicio público de agua y producir daños ecológicos en su territorio”.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el apoyo de autoridades estatales, tiene proyectada la construcción de al menos 16 plantas en las cuencas hidrológicas desde la zona de Teocelo, sobre el río de Los Pescados, hasta el río la Antigua y el Bobos, donde desembocan varios afluentes que nacen en el Valle de Perote.
Esta situación ha generado manifestaciones de inconformidad entre pobladores de al menos 35 municipios de la zona, entre ellos Jalacingo, Tlapacoyan, Teocelo, Jalcomulco, Coatepec, La Antigua, Actopan y Alto Lucero, entre otros, ante los efectos negativos que podrían generar a las especies acuáticas y al medio ambiente.
El proyecto, que será concesionado por la CFE a empresas privadas, incluye también otras regiones de la entidad como Orizaba, Zongolica y Naranjos, donde ya se han iniciado las obras de construcción de presas, que han provocado una serie de inconformidades entre los habitantes de esa región de la entidad.
Incluso diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, agrupadas en la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Vida), han hecho patente su repudio a dichos proyectos, por considerar que se violentan derechos sociales y ambientales en zonas rurales e indígenas.
En este colectivo se han aglutinado organizaciones como Defensa Verde Naturaleza para Siempre, de Amatlán de los Reyes, y el Comité de Derechos Humanos Toaltepeyolo, de Zongolica, así como campesinos de comunidades y ejidos de por lo menos 16 municipios de las zonas afectadas, que de manera sistemática han exigido a las autoridades respetar el entorno ecológico de sus pueblos.
Según los activistas, a través de estos proyectos, tanto la CFE como el gobierno federal y el estatal “no han medido los riesgos ni han dimensionado las afectaciones, y menos aún se difunden los posibles impactos del desastre que inducirá a muchas comunidades, barrios, pueblos y ciudades la construcción de las represas”.
Añadieron:
“Las cuencas veracruzanas son auténticas fuentes de vida, de producción agrícola y pesquera, trabajo para los pueblos, recreación, cultura y paisaje ecológico, por lo que construir 112 obras hidroeléctricas provocará severos daños socio ambientales que podrían generar un verdadero desastre ecológico”.
