11 septiembre 2011 | Blanca Estela Botello | La Crónica
Desde 2010 se han incrementado las quejas por cobros indebidos y deficiencias en el servicio de luz eléctrica ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la que reportó que de abril a junio de 2011 recibió 29 mil 45 quejas, de las cuales, tres mil 822, son de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza la lista de proveedores que acumularon más reclamaciones en el segundo trimestre del año, expresó el senador perredista Julio César Aguirre.
Indicó que datos oficiales refieren que de diciembre de 2006 a julio de 2011, el promedio de las tarifas eléctricas es 29 por ciento superior al incremento general de los precios, con lo que la electricidad es uno de los factores que han presionado la inflación.
Indicó que datos oficiales refieren que de diciembre de 2006 a julio de 2011, el promedio de las tarifas eléctricas es 29 por ciento superior al incremento general de los precios, con lo que la electricidad es uno de los factores que han presionado la inflación.
A manera de ejemplo, refirió que en Chilpancingo y en otros 19 municipios de Guerrero, se reportan abusos en los cobros del servicio eléctrico, “por lo que cerca de 25 mil usuarios han dejado de pagar su recibo, como una manera de ejercer presión al gobierno federal y a la paraestatal para que firme el convenio de tarifa preferencial para pueblos marginados, quienes están son hostigados y amenazados por la Comisión Federal de Electricidad”.
Mencionó que las quejas y denuncias de usuarios se han registrado en todo el territorio nacional, por lo que ante las recurrentes solicitudes de apoyo de los usuarios, el Senado debe tomar el tema como un asunto prioritario dentro de su agenda de trabajo.
Por ello consideró necesario que la Junta de Coordinación Política del Senado establezca una Comisión Especial para investigar las denuncias y abusos en la facturación de la CFE.
“Esta comisión especial sería la encargada de investigar las denuncias relacionadas con el servicio público de electricidad a nivel nacional, para lo cual deberá convocar a organizaciones defensoras de derechos de los consumidores, especialistas en la materia y a diversos funcionarios públicos responsables del tema, a fin de encontrar una solución al problema”, propuso.
