13 agosto 2011 | Martín Esparza Flores | Siempre!Este 27 de septiembre se cumplirán 51 años de la nacionalización de la industria eléctrica por parte del presidente Adolfo López Mateos, lo que permitió colocar el valioso recurso energético como patrimonio del pueblo de México.
En 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas, este sentido nacionalista se vio seriamente trastocado cuando el Congreso avaló las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica lo que permitió la generación de energía a empresas extranjeras.
Luego de un profundo análisis sobre la problemática derivada con la prestación del servicio y de las tarifas eléctricas en la zona centro del país, tras la desaparición de Luz y Fuerza, los diputados de la LXI Legislatura plantean la urgencia de “renacionalizar” la industria eléctrica, misma que se encuentra a merced de empresas extranjeras luego de los más de 700 permisos de generación otorgadas sobre todo por los gobiernos panistas, a partir del año 2000.
Cuando el presidente López Mateos estableció la nacionalización del sector, dejó bien claro que el recursos debía ser para beneficio de la población y del desarrollo económico del país; en ese entonces, el sector era considerado estratégico para nuestra soberanía, tesis que fue olvidada por los gobiernos de corte neoliberal.
Hoy, el gobierno federal no sólo entrega la industria eléctrica a extranjeros, además, endosa sus millonarias ganancias con cargo al pueblo de México; en éste espacio he señalado que del 2002 a la fecha, las administraciones panistas han pagado más de 350 mil millones de pesos por compra de electricidad ya pactada con las trasnacionales.
La Comisión Federal de Electricidad, concluyeron los legisladores priístas en el foro organizado hace unos días en el Polyforum Siqueiros, se encuentra virtualmente quebrada y con la extinción arbitraria de Luz y Fuerza del Centro, puede decirse que la industria nacional sencillamente está a un paso de desaparecer.
No puede concebirse en un sentido lógico cómo un gobierno se ha prestado a realizar un negocio pesimamente malo que estamos pagando todos los mexicanos; los excesivos cobros en los recibos de luz se han convertido en un auténtico problema social, la prestación del servicio en la zona centro es tan mala que los industriales ya han puesto el grito en el cielo por las constantes interrupciones y las cuantiosas pérdidas registradas por ello en sus negocios.
En contrasentido, las trasnacionales ni sudan ni se acongojan pues sucede que los gobiernos panistas les han firmado contratos de compra de energía en términos totalmente ventajosos para las mismas a plazos de hasta 30 años; es decir, que las futuras generaciones deberán pagar las consecuencias de una política energética antinacionalista.
Urge por ello que a partir del próximo primero de septiembre los diputados retomen en el seno legislativo el tema y se decidan a salvar este sector estratégico para cualquier país, apoyando de inicio, la creación de una nueva empresa en la zona centro del país, en sustitución de la extinta Luz y Fuerza como parte de su proyecto de “renacionalización”.
