Martín Esparza Flores | 9 julio 2011 | Siempre
Tras los comicios del pasado 3 de julio, la lectura política en el país es clara y no necesita de nigromancias ni bolas de cristal para entender al nuevo escenario político que se abre rumbo al 2012. Por el lado adverso de la moneda, queda tendido el cadáver político de un panismo que como gobierno ha fracasado rotundamente, recibiendo a cambio el mayoritario voto de castigo de la sociedad; por el otro, donde la moneda apunta al triunfo, se encuentra un PRI fortalecido, lleno de euforia pero con grandes compromisos con ese electorado que le hizo volver a su añorado carro completo.
Y si bien la recuperación electoral priísta se debió en buena medida a la acertada elección de sus candidatos, fueron las políticas autoritarias, represivas y erradas del PAN las que terminaron por darle las últimas puntadas a su propia mortaja política.
Un ejemplo de ello, fue el despido de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), tras el decreto emitido por el Ejecutivo el 11 de octubre del 2009, que desapareció de un plumazo a Luz y Fuerza del Centro, sin tomar parecer al Legislativo, en una clara violación a lo establecido en la Carta Magna sobre la facultad exclusiva del Congreso para modificar las leyes y legislar en materia eléctrica.
Pero hay muchos otros agravios que para la sociedad mexicana no pasaron desapercibidos: la fallida guerra contra el narcotráfico ha dejado más de 40 mil muertos y también miles de viudas y huérfanos por los llamados efectos colaterales. También hay un número no cuantificado de desaparecidos.
Miles y miles de desempleados se cansaron de esperar la promesa del millón de empleos que nunca llegó; una sociedad atemorizada por la violencia extrema y la inseguridad que sacuden el país también se manifestó en las urnas. Pero también le cobraron las facturas pendientes al panismo las familias que han visto mermado su poder adquisitivo, ésas que cada día compran menos con su salario.
La interpretación a lo sucedido en los recientes comicios no exenta al PRI de una gran responsabilidad pues es obvio que los votantes lo han emplazado a replantear su papel como factor de equilibrio para corregir desde el Congreso, donde es mayoría, el rumbo del país. Y no para el 2012, sino a partir del momento mismo de proclamar su triunfo.
La política neoliberal panista ha ocasionado efectos colaterales a diversos sectores sociales no sólo en su lucha contra el narcotráfico sino en decisiones autoritarias como el cierre de Luz y Fuerza del Centro. Más de cien mil quejas en la Profeco hablan de los cobros excesivos que CFE intenta aplicar de manera ilegal a familias de escasos recursos bajo la amenaza de cortarles el servicio cuando la Constitución marca con claridad, que la electricidad es patrimonio del pueblo. La medida, como se aprecia, no benefició en lo absoluto a la sociedad ni a los sectores productivos que como la Concamin ya hablan de déficits en las finanzas de la así autonombrada “empresa de clase mundial”.
El cierre de Mexicana de Aviación, que el próximo agosto cumplirá un año de no volar, provocó que miles de trabajadores de tierra, talleres, pilotos y aeromozas, se quedaran sin empleo, pero también trajo consigo el desplome en la actividad turística del país de la que dependen miles de empleos, directos e indirectos, a nivel nacional. Y buena parte de la solución a estos y otros muchos conflictos sociales, prohijados desde los escritorios de los panistas, se encuentra en manos de los priístas en el Congreso de la Unión.
Si el PRI desea cimentar su retorno a Los Pinos en el 2012, debe rehacer sus vínculos con ésa sociedad que con su voto ha cambiado las condiciones políticas, colocándolo como una opción válida de la que espera resultados concretos e inmediatos. Hay tareas impostergables que desde la Cámara de Diputados deben ser atendidas para frenar en control de daños contra la sociedad, y una de ellas es sin duda la iniciativa presentada desde noviembre pasado por el SME, tendiente a la creación de una nueva empresa que sustituya en la zona centro del país a la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Los legisladores del PRI que integran la Comisión de Energía en San Lázaro, y que habrán de dictaminar el 12 de julio dicha propuesta, son mayoría junto con los diputados del resto de la oposición. En sus manos está resarcir el daño que se ocasionó al pueblo de México y a los derechos laborales de los miembros del SME con la autoritaria medida del Ejecutivo.
Cabe señalar que hay puntos de coincidencia entre las anomalías denunciadas en los últimos meses por el SME y el análisis realizado por los propios priístas en la Cámara de Diputados, que en su documento: 10 AÑOS DE PANISMO, RESULTADOS, III. Energía: Desperdicio y Enajenación de Bienes Públicos, establecen dentro de sus conclusiones: “El sector eléctrico nacional, crecientemente privatizado, no logra reducir sus fallas, las pérdidas en distribución han aumentado desde 15.2 por ciento en 2005 hasta 16.1 por ciento en 2009; en el área Central, a casi dos años de la extinción de Luz y Fuerza, continúan las interrupciones frecuentes y abundan los errores en facturación lo que afecta gravemente a la población; la electricidad para consumo doméstico se ha encarecido al doble durante éstos diez años. El régimen tarifario es un factor que frena la actividad económica; la industria, se ve afectada en sus costos por las tarifas en el fluido eléctrico que son 24 por ciento superiores a los de los Estados Unidos (Organismo Internacional de Energía)”.
Como se aprecia, el PRI tiene la responsabilidad ineludible de actuar en congruencia con asuntos de urgente prioridad, y una de ellas es la creación de una nueva empresa eléctrica en la zona centro del país. La sociedad que le apoyó el pasado tres de julio así se lo demanda.