Javier Jiménez Espriú
En marzo, escribí en La Jornada un artículo que titulé “Otra vez la burra al trigo… y los cuervos al petróleo”, a raíz de la propuesta de algunos senadores del PAN de "un decreto que modifique el artículo 28 de la Constitución, para dejar como área de exclusividad del Estado, en lo referente a la industria petrolera, sólo la exploración y la explotación de los hidrocarburos, lo que por otro lado, a través de los contratos incentivados recién anunciados piensan nulificar, sin necesidad de modificar la Constitución, sino dándole sólo una violadita".
Me preguntaba sobre esta reincidencia en la discusión que con amplitud nacional se dio en 2008, cuando el Presidente envió su propuesta, que fue esencialmente rechazada, de reforma energética: ¿Será esta nueva andanada contra la industria petrolera una de las monedas de cambio del presidente Calderón para que le quitaran de enfrente al embajador Pascual? ¿Será la intención de cumplir compromisos anteriores con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y sus dueños? ¿Se trata de confirmar que este gobierno es como el anterior: un gobierno para empresarios? o es simplemente asunto de negocios –¡Pemex is Pemex, but business is business!– que quieren cerrar antes de irse para cosechar las utilidades. Lo más probable –escribí– es que todo sea un solo paquete.
Considero también que pudo ser un elemento de distracción para encauzar la atención de quienes defendemos la causa de una industria petrolera nacional hacia una nueva batalla y dejáramos de atender el atentado contra los intereses de la nación que significan los "contratos flexibles" aprobados por el consejo de Pemex, que son anticonstitucionales y sobre los cuales un buen número de controversias constitucionales, finalmente, han sido aceptadas para análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Traigo esto a cuento por las declaraciones del presidente Calderón en su entrevista con Bloomberg Tv, hechas desde luego en Estados Unidos –en donde está su fuente de inspiración– de que enviaría una nueva propuesta al Congreso para modificar el régimen de Pemex.
Según los diarios del país, el Presidente dijo: “La gente y el Congreso deben entender que la única manera de asegurar el futuro es modernizar a Pemex a través de una nueva legislación (…) de una manera similar en la que lo ha hecho Petrobras 10 años atrás”, además de agregar que los nuevos contratos para explotar campos maduros dan la flexibilidad para que empresas privadas se inserten en las obras de la paraestatal. ¡Más claro ni el agua! No acepta que hay opciones distintas a las de su proclividad privatizadora y extranjerizante.
Ya no es de extrañar la autoritaria actitud presidencial sobre que “la gente y el Congreso deben entender…” lo que él considera que debe ser. Y su tozudez, demostrada igualmente en el caso de Pemex, que en su estrategia en la lucha –que según él ni es lucha, ni es guerra– contra el crimen organizado, pero que ya tiene a muchos hasta la madre, o en su decisión de poner en los puestos de alta responsabilidad no al más apto sino al más leal a él –que, sin excepción, no ha resultado ni mínimamente apto–, es desde luego asunto de enorme preocupación.
Un presidente obsesionado por sus tesis personales y por su convicción de infalibilidad, que no escucha ni los argumentos de los debates, ni las críticas de los especialistas, ni los gritos ni los silencios de las manifestaciones públicas; arropado sólo por la corte de sus incondicionales, poco podrá hacer por esta desgarrada República.
En lugar de un ¡Pemex como Petrobras… mejor un presidente como Lula!
