jueves, 12 de mayo de 2011

El presidente del abuso

El decreto que desaparecía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue un acto anti constitucional desde su nacimiento, no solo al violar las garantías individuales (derecho al trabajo) sino de menosprecio a los demás Poderes de la Nación.
HEINZ ZETA@huichol19
2011-05-12
Durante la campaña presidencial de México del año 2006 se dieron un sinfín de promesas para obtener los votos de la población que fue a las urnas. Muchas de ellas irracionales y algunas otras fáciles de alcanzar pero llenas de complejidad a la hora de decidir su ejecución. Sin embargo, la gran mayoría de ellas han quedado rezagadas en el baúl del olvido, no hay posibilidades de cumplirlas por eso mejor dejarlas atrás.
Pero hubo una promesa que hasta la fecha sigue sin cumplirse y lo que es peor se han ejecutado acciones contrarias al objetivo de aquel ofrecimiento, tan simple pero complejo: empleo para la mayoría de los mexicanos. Exactamente estamos hablando del actual Jefe del Ejecutivo, del Presidente Felipe Calderón, que en sus épocas de candidato prometió que crearía miles de fuentes de trabajo para los connacionales y casi cinco años después lo único que ha hecho es ir en sentido contrario.

Han sido dos situaciones que han tenido impacto en el no cumplimiento de dicho compromiso de campaña: por un lado la guerra sin cuartel contra crimen organizado y por otro la destrucción de fuentes de empleo dignas, acción gubernamental que han golpeado a algunas familias mexicanas dejándolas en la miseria de un día para otro. Ya ni hablar de la devaluación del salario mínimo y de las demás prestaciones que son devengadas por la mayoría de los trabajadores que sostienen la economía nacional.

No puede ser el Presidente del empleo porque desde su llegada al poder se dedicó a proteger a los empresarios dadores de empleo a costa de las conquistas sindicales, del salario ofrecido o incluso, de la seguridad laboral de miles de habitantes. No se le puede considerar un benefactor al momento de otorgar fuentes de trabajo porque al contrario las ha disminuido al cerrar la mina de Cananea, de clausurar con policías una mina en lugar de rescatar a quién quedo enterrado después de la explosión y su logro mayor: desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza para entregársela a la iniciativa privada a través de la Comisión Federal de Electricidad.

El caso de Cananea fue patético, siempre en contra del derecho laboral, cuando jueces de diferentes niveles apoyaron a la compañía propietaria de la mina al declararla inservible, de no poder operar por la maquinaria vetusta con la que contaba. Aún así, los mineros echaron andar los equipos y comenzaron a trabajar de nuevo, pero la Policía Federal ya no les permitió el paso, cerrando una fuente de empleo que sostenía a un sector mayoritario de una población. No le importó la Presidente la suerte de los mineros, le importaba la suerte del Grupo México y de la familia Larrea quiénes son sus propietarios.

Luego vino el caso de la mina Pasta de Conchos donde 69 mineros fueron dejados a su suerte, sepultados bajo toneladas de tierra después de una explosión. El Gobierno nunca optó por el rescate “por ser muy costoso”, además de apoyar a los dueños a no pagar las indemnizaciones que por ley y justicia corresponden. Además, otra vez, la seguridad de la mina fue pasada por alto por funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al ser corrompido por los dueños: el Grupo México nuevamente. Otorgándoles el derecho de dejar sin empleo a todos los demás mineros sobrevivientes en lugar de apoyarlos, el Presidente sostuvo a las “fuerzas policiales que tomaron la mina pacíficamente”.

El decreto que desaparecía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue un acto anti constitucional desde su nacimiento, no solo al violar las garantías individuales (derecho al trabajo) sino de menosprecio a los demás Poderes de la Nación. Quién emitió la ley que garantizaba su existencia fue la Cámara de Diputados, la Constitución solo faculta a desaparecer una empresa del Estado es quién la funda, en este caso la misma Cámara baja. Aún así hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificó ese decreto espurio, contrario a un sector de la población trabajadora, benéfico únicamente para los empresarios que lucraron con su desaparición

El despojo tenía como objetivo dos cosas, vender el activo principal de Luz y Fuerza del Centro: su red de “fibra óptica oscura” como le llaman y de paso desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas que tantos enojos le han hecho pasar a los Gobiernos del país. Entonces, por enésima vez, al Presidente no le importaron los miles de empleos que se perdieron sino que generó algunos otros al contratar empresas privadas para solventar los trabajos de la Compañía que desapareció. O sea beneficiar particulares con las propiedades de la nación, sin importar las afectaciones de todo tipo que puedan generar.

No conforme con eso, el día de ayer durante una entrevista en inglés para el canal de noticias Bloomberg Felipe Calderón declaró que estaba por presentar una “iniciativa” para poder vender acciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). También mencionó las “prácticas monopólicas” de las empresas de Carlos Slim, situación grave porque el Jefe del Ejecutivo no puede (debe) tomar partido a favor o en contra por nadie en particular. Sigue con una actitud belicosa contra todo aquel que no conforme su grupo, que no sea parte de la camarilla de empresarios que protege con la manta del Gobierno Federal.

Con su actitud de persecución contra los trabajadores no sería de dudarse una nueva acción de gran envergadura, ¿cómo venderá acciones de Pemex con el Sindicato de Trabajadores que tiene? Seguro intentará quitarles conquistas sindicales para agradar a los nuevos patrones, quizá los desaparezca como al SME junto a la complicidad de la SCJN que ya aprobó también la legalidad de los contratos paralelos de Pemex Internacional a favor de transnacionales petroleras como Harriburton, aún cuando la Constitución lo prohíbe. Vamos ante un intento privatizador no solo para perjudicar la clase trabajadora sino para enriquecerse antes de terminar el mandato.

La declaración sobre las prácticas monopólicas de Carlos Slim esta de dar miedo, independientemente si existes dichas acciones o no, un Presidente no puede tomar partido en pugnas entre particulares. Al hacerlo la pregunta es: ¿tiene intención de quitarle sus empresas al hombre más rico del mundo?, ¿de quitarles su trabajo a miles de mexicanos que dependen de ellas? Por su actuar en el pasado siento que esa es su verdadera intención de dejar en la calle a Slim y sus trabajadores para beneficiar a sus amigos empresarios a costa de lo que sea necesario hacer.

No se le puede considerar un Presidente del empleo a Felipe Calderón Hinojosa, su actuar solo ha sido para beneficiar a empresarios con quienes es notorio que tiene deudas morales y quizá económicas, ellos se las cobraran cada que puedan. No es posible que use la fuerza del Estado para acallar a los trabajadores que quieren ganarse la vida justamente, bajo su derecho presidencial de usar la fuerza policial para atacar a empresarios que no son amigos de grupo social. Por todas sus acciones contrarias al beneficio de los trabajadores, de la libertad sindical. Incluyendo su política de apoyo a las fuerzas militares y policiales por su “guerra contra el narco” en lugar de generar fuentes de empleo dignas, bien remuneradas; Felipe Calderón es el Presidente del abuso no del empleo.