La Comisión Permanente también llama a los responsables de la CFE y del IMSS
Legisladores denuncian la cadena de irregularidades que costó la vida a 14 mineros
Víctor Ballinas y Ciro Pérez Silva
Periódico La Jornada
Jueves 12 de mayo de 2011, p. 17
Jueves 12 de mayo de 2011, p. 17
La Comisión Permanente citó a comparecer a los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón; de Energía, José Antonio Meade; de Economía, Bruno Ferrari, y a los directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Antonio Vivanco, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, para que informen sobre el accidente en el yacimiento Sabinas, en Coahuila, donde fallecieron 14 mineros.
Además, los funcionarios deberán presentar un informe sobre las concesiones mineras que se han otorgado y explicar las condiciones prescritas en materia de seguridad e higiene en las minas, así como las acciones de supervisión, el número de inspectores destinados a esa labor y
el porqué, si la ley lo prohíbe, hay menores trabajando en ellas.
Originalmente el acuerdo sólo incluía las comparecencias de los titulares del Trabajo y de Economía, pero el diputados panista Mario Alberto Becerra Pocoroba pidió que se incluyeran al resto de funcionarios también. En la bancada priísta se dijo que
fue el propio Lozano quien maniobró mediante un asesor, con el panista Becerra, para que el golpeteó no sólo fuera para su dependencia.
En la agenda se habían inscrito cinco puntos de acuerdo en relación a las minas y al accidente en Sabinas, Coahuila, por lo que la mesa directiva solicitó se elaborara sólo un punto de acuerdo, que retomara los distintos planteamientos.
El diputado priísta José Ramón Martel dijo en tribuna que “aún no se cierran las heridas de Pasta de Conchos, y nuevamente la minería se viste de luto, estas tragedias no son aisladas, muestran con toda crudeza las condiciones de indefensión, inseguridad y abandono en que los mineros realizan su trabajo ante la ausencia de las autoridades.
Destacó que
necesitamos un secretario de Trabajo que trabaje, y no un reportero de Twitter; necesitamos un servidor público, no un publicista en las instituciones. Según el Inegi, destacó el priísta, más de 171 mil menores trabajan en sitios no apropiados, peligrosos e insalubres, como las minas y
bastaría que se aplicara la ley para que eso no ocurriera.
El senador del PAN Ricardo García Cervantes subrayó que
van más de 60 mineros muertos de la tragedia de Pasta de Conchos a la fecha. Los afectados son incluso menores de edad.
Pero, cuestionó,
¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que llama la atención?, ¿la cantidad?, ¿necesitan morir de un golpe una docena de mineros para que se alerte sobre la situación en la que trabajan los mineros del carbón? Lo ocurrido en Sabinas es algo que había sido denunciado y se pidió que fuera atendido: que las condiciones mineras se están dando en condiciones no sólo de inseguridad, insalubridad sino de ilegalidad, sostuvo el panista.
Por el PRD el diputado Vidal Llerenas resaltó que en el fondo de este problema lo que hay es un Estado y una sociedad que no tienen instituciones sólidas para poder dar seguridad a una industria,
hay una cadena de ilegalidades, hay trabajadores menores de edad que no deberán estar trabajando ahí, hay condiciones de protección civil que no se cumplen. Hay concesiones que no están claras, y una gran cantidad de dinero gastado en corrupción.
David Penchyna, diputado del PRI, dijo en tribuna que la muerte de los mineros
sí tiene nombre y apellido, el criminal que los ha matado, y el nombre del criminal o presuntamente culpable, es la Ley Federal de Derechos que tenemos.
Explicó que
mientras no hagamos del gas grisú y del gas metano una actividad rentable, se va a seguir explotando carbón con una condición que va a seguir poniendo en riesgo la vida de miles de mineros en Coahuila, y si nos atrevemos a hacer de ella una actividad rentable, ningún empresario va a invertir recursos para bajar la peligrosidad del gas asociado al carbón. Ninguna lo va a hacer por que no es rentable explotar el gas en las condiciones actuales de gravamen que impone la Ley Federal de Derechos.
