La Jornada - Editorial
En una audiencia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada ayer en
Washington, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), establecido por esa instancia continental para coadyuvar en la
investigación de los hechos de Iguala del 26 de septiembre del año
pasado, se dio a conocer un acuerdo mediante el cual el gobierno
mexicano se compromete a crear en la Procuraduría General de la
República (PGR) un equipo que se haga cargo de continuar las
investigaciones y ampliarlas de acuerdo con las recomendaciones
formuladas por el propio GIEI, entre otras, que se esclarezca la
sospecha de que algunos de los presuntos autores de la agresión contra
los normalistas de Ayotzinapa fueron sometidos a tortura.
Según el acuerdo, el nuevo equipo investigador será independiente de
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada y quedará adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
cuyo titular, Eber Betanzos, estuvo presente en el encuentro. Asimismo,
se formalizó la iniciativa gubernamental de realizar un nuevo peritaje
sobre fuego en el basurero de Cocula. Se estipuló incorporar a la
investigación oficial el informe rendido por el GIEI el pasado 6 de
septiembre, así como las nuevas líneas de investigación propuestas en
ese documento; además instituir un mecanismo de coordinación entre ambas
partes, relanzar la búsqueda de los 43 muchachos desaparecidos, así
como crear un marco adecuado de atención a sus familiares, lo que
incluye el compromiso de informarles de cualquier avance en la
investigación antes que a la opinión pública.
Más allá de estos avances positivos, en el convenio la PGR se reservó
de nueva cuenta espacios de opacidad y discrecionalidad, pues
la observancia o participaciónde los expertos independientes quedó constreñida a
las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia.
Con estos términos se mantiene la ambigüedad que se hizo evidente en
el encuentro mismo de ayer, en el que los representantes del gobierno
mexicano (los subsecretarios de Derechos Humanos de las secretarías de
Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa y Miguel
Ruiz-Cabañas, respectivamente) fueron cuestionados acerca de la rotunda
negativa formulada en días pasados por el secretario de Defensa, general
Salvador Cienfuegos, a que efectivos del 27 batallón de infantería, con
sede en Iguala, fueran entrevistados por los integrantes del GIEI. El
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa, también presente en el encuentro, hubo de ratificar la
negativa castrense.
Flaco favor se hace y se le hace a la institución armada
porque al colocar a sus elementos fuera del escrutinio internacional se
refuerza la sospecha de que hubo alguna responsabilidad de los soldados
destacados en Iguala en la agresión contra los normalistas.
Otro tanto puede decirse de la actitud remisa del gobierno en general
en torno a este caso, porque hace pensar en ejercicios de
encubrimiento. El ex procurador Jesús Murillo Karam dejó pasar la
oportunidad de realizar una pesquisa inobjetable. Cuando su
verdad históricase derrumbó por su propio peso y el funcionario salió de la PGR, ésta tuvo una segunda posibilidad de esclarecer desde cero tanto los crimenes de Iguala como los extravíos de la investigación oficial; asimismo, con motivo del segundo encuentro entre el presidente Peña Nieto y los padres de los desaparecidos (24 de septiembre) se pudo haber anunciado la conformación de una instancia exclusivamente dedicada a aclarar lo ocurrido en Iguala, como lo han estado pidiendo los familiares de los ausentes; pero, inexplicablemente, apenas ayer se aceptó tal petición.
Mientras tanto, las instituciones del Ejecutivo federal siguen
acumulando descrédito y erosión, y ello ha de tener consecuencias
sumamente negativas para el país en general y para el gobierno en
particular. La audiencia de ayer de la CIDH abre una nueva oportunidad
para que las autoridades nacionales dejen de lado ambigüedades y
actitudes omisas y asuman un compromiso pleno con el esclarecimiento de
los trágicos sucesos de Iguala y el castigo a los responsables. Es
urgente y necesario.
