No hay elementos jurídicos para alterar plazos ni para emitir dictámenes provisionales, dice
“Un procedimiento apresurado sería equivalente a un juicio sumario”, determinan consejeros
El Instituto Federal Electoral (IFE) cerró la puerta a la petición del Movimiento Progresista para acelerar la fiscalización de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto, con el argumento de que no hay elementos jurídicos para alterar plazos ni para emitir dictámenes provisionales.
Por unanimidad, los nueve consejeros rechazaron la propuesta de la coalición de izquierda para un procedimiento extraordinario que arrojara resultados preliminares de los ingresos y egresos del candidato presidencial del PRI y afirmaron que una acción de esa naturaleza no generaría certeza jurídica en las indagatorias en curso.
El representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez, argumentó que la Unidad de Fiscalización no ha emitido reportes del destino de al menos 11 quejas, todas relacionadas con el presunto gasto irregular e ilegal en la campaña de Peña Nieto.
Las conclusiones que se solicitan, dijo, así fueran preliminares representarían datos fundamentales para el análisis que realiza actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dentro del juicio promovido por el Movimiento Progresista para solicitar la invalidez de la elección presidencial.
En tal caso está Monex (triangulación de recursos para financiar la estructura de representantes del tricolor), queja 58/12. El IFE señaló que el plazo de sustentación de la queja vence el 25 de agosto próximo. Este expediente se abrió tras una denuncia interpuesta por el PAN, que dio pie a una investigación de la comisión de quejas, la cual detectó un fondeo de más de 70 millones de pesos para alimentar poco más de 9 mil tarjetas que, según la querella panista, habrían servido para el pago de representantes del PRI en las casillas.
Además, la presunta contratación ilegal de tiempos en medios de comunicación, el reparto de tarjetas Soriana (para la compra y coacción del voto) y los costos de un acto del candidato priísta en el estadio Azteca, por mencionar algunas.
El representante perredista pidió a los consejeros electorales mostrar sensibilidad ante el momento político y jurídico que vive el país, a fin de contar con un dictamen respecto de las quejas, en particular con aquellas vinculadas con la calificación de la elección presidencial.
Márquez también apeló a la voluntad de los consejeros para transparentar origen y destino de los recursos utilizados en la campaña, en un momento excepcional de “circunstancias políticas y jurídicas que darían un gran reconocimiento a este Consejo General para abonar a la cultura de rendición de cuentas”.
Explicó que el acuerdo propuesto no sustituye al procedimiento ordinario de rendición de los informes de cada partido y tampoco interfiere en el programa de fiscalización acordado por este Consejo General.
Sin embargo, los consejeros hicieron bloque para votar en contra del acuerdo; refutaron –con matices– la propuesta con el argumento que no hay fundamento para acortar cinco meses el dictamen e informe final de la Unidad de Fiscalización, y tampoco –expresó el consejero Alfredo Figueroa– para decir “¡por arte de magia resuélvase!”
Mencionaron incluso que un procedimiento apresurado sería equivalente a un juicio sumario, en momentos en que no hay evidencia de rebase de tope de gastos de campaña, precisamente porque los partidos no han entregado su informe final.
Una auditoría acelerada, dijo el consejero presidente Leonardo Valdés, vulneraría el marco legal que los propios partidos aprobaron acerca de la entrega de informes de campaña a más tardar el 8 de octubre, a fin de que la Unidad de Fiscalización emita sus dictámenes en enero de 2013.
La negativa a la petición del Movimiento Progresista se suma al rechazo de los magistrados a una solicitud similar para que el tribunal electoral ordenara al instituto concluir los procedimientos y quejas pendientes relacionados con el gasto de Peña.
Los consejeros señalaron que en mayo pasado fue aprobado un acuerdo para adelantar el proceso de fiscalización, a fin de que los partidos entregaran sus reportes “dentro de los 60 días (hábiles) siguientes a la jornada electoral”, lapso que vence el 8 de octubre. A su vez, la autoridad fiscalizadora deberá emitir su informe de este rubro a más tardar el 30 de enero de 2013 y no en mayo de ese año como originalmente estaba programado.
Valdés Zurita dijo que el código electoral posibilita la reducción del periodo de revisión para hacer una fiscalización más expedita, “mas no encuentro fundamento para que se apruebe un dictamen provisional que contenga conclusiones parciales que no estén sustentadas en la propia información que los partidos políticos deben aportar en términos de la ley electoral”.
Por ello, agregó, este consejo general debe emitir únicamente un dictamen consolidado, cuyas conclusiones estén sustentadas en un procedimientos exhaustivo, cierto y que ponga fin a la revisión de los gastos de campaña de todos los partidos políticos.
Adicionalmente, no se podría resolver en cinco días las quejas relacionadas con el juicio de inconformidad del Movimiento Progresista, porque la Unidad de Fiscalización es un ente con autonomía técnica.
Fuente: La Jornada
