División entre legisladores perredistas bloquea propuesta para elevarlo a rango de ley
Cuenta con 100 millones de pesos para financiar estudios de bachillerato y licenciatura
Hay oposición de legisladores a que los recursos pasen a la Secretaría de Educación local
Rocío González Alvarado | Periódico La Jornada - Capital | Domingo 22 de abril de 2012, p. 34
La permanencia del fideicomiso de apoyo a la educación y el empleo –que opera la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)–, es incierta, pues aunque ya existe un proyecto de dictamen, aprobado en la Comisión de Juventud y Deporte, para elevarlo a rango de ley, su presentación ante el pleno se encuentra detenida por la falta de consenso entre diputados del grupo parlamentario del PRD.
Este fideicomiso, creado por la actual legislatura, cuenta con recursos por 100 millones de pesos para este año, con la meta de pasar de 24 mil jóvenes a 40 mil becados para que continúen sus estudios de bachillerato o licenciatura en instituciones públicas y privadas.
El disenso entre los perredistas se originó a raíz de que se propuso que este fideicomiso, al concluir la actual legislatura, pase a manos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Esta disposición se tendría que incluir en el pleno debido a que el dictamen aprobado por la Comisión de Juventud y Deporte en diciembre del año pasado no la contempla.
Diputados del PRD consultados consideraron que este fideicomiso debe permanecer en la Asamblea Legislativa, pues los recursos que se le destinan forman parte del presupuesto del órgano legislativo. Otros acusan que la oposición de algunos obedece sólo al hecho de presionar, para que en la última semana que resta del periodo ordinario de sesiones se incluyan los temas que han promovido.
Trascendió que los grupos parlamentarios de PAN, PT y PVEM estarían de acuerdo en modificar el dictamen para que el fideicomiso pase al gobierno capitalino. Se tenía previsto que el jueves pasado se subiera al pleno, pero no se llegó a un acuerdo.
La iniciativa de ley, presentada por la presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales, tiene como objetivo garantizar que en el futuro se destinen los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones ya contraídas en esta legislatura.
Es necesario dar certidumbre jurídica a nuestros jóvenes y a las instituciones académicas, muy en especial a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el sentido de que la Asamblea Legislativa cumplirá con sus obligaciones, por lo que no puede ni debe estar sujeto a los vaivenes políticos ni a las voluntades cambiantes, refiere en el documento.
Durante el año pasado, la Asamblea Legislativa firmó convenios para otorgar apoyos económicos a los jóvenes con la UNAM, el IPN, 10 universidades privadas incorporadas a la UNAM, al IPN o con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP); con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), con la Fundación UNAM y con el Sistema de Educación Abierta y a Distancia de la SEP.
