Los representantes legales del propio Bobadilla, Martín Esparza y Amalia Vargas presentaron ayer un nuevo juicio de amparo para tratar de revertir el auto de formal prisión que les dictó la Juez Segundo de Procesos Penales Federales, Graciela Malja Aguirre.
El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, recibió el pasado mes de agosto un auto de formal prisión de un juzgado federal y actualmente se encuentra en calidad de procesado por el delito de tentativa de fraude en agravio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), confirmaron el Consejo de la Judicatura Federal y dirigentes de esa organización gremial.
No obstante, Esparza Flores y sus dos coacusados, el Secretario del Trabajo del SME, Eduardo Bobadilla Zarza y la apoderada legal del mismo, Amalia Vargas Ríos, enfrentan su proceso penal en libertad, ya que los tres dirigentes cuentan con una suspensión que impide su encarcelamiento debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) los acusó de un delito no grave.
La acusación penal se deriva de una operación realizada por Martín Esparza, Eduardo Bobadilla y Amalia Vargas para cobrar tres cheques de depósito por un monto de 21 millones 55 mil pesos, recursos pertenecientes a los fondos congelados del SME tras la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en octubre del 2009.
Bobadilla Zarza explicó que para poder realizar el cobro en BANSEFI, presentaron la toma de nota que les otorgó la Secretaría del Trabajo y un poder notarial del SME, el cual resultó falso a decir de los representantes legales de Banco del Ahorro Nacional.
Eduardo Bobadilla destacó que a raíz de esta acusación, el SME solicitó a una Asociación de Peritos del Estado de México realizar un peritaje del poder notarial para tratar de ratificar su autenticidad.
Las conclusiones de dicho estudio revelaron que el papel y los sellos de seguridad de dicho documento si corresponden a la notaria en cuestión, aunque la firma del notario si resultó falsa.
En este sentido, Bobadilla Zarza advirtió que la falsificación pudo ser realizada presumiblemente por personal de la misma notaria, por lo que en este caso el SME fue el defraudado.
Eduardo Bobadilla consideró que lo ocurrido con dicho poder notarial forma parte de la campaña del gobierno federal para intimidar a los dirigentes del SME, por lo cual tramitaron un primer amparo para que la PGR no ejecutara la orden de aprehensión en su contra, obteniendo del Poder Judicial la suspensión que les garantiza la libertad durante todo el proceso penal.
Además, los representantes legales del propio Bobadilla, Martín Esparza y Amalia Vargas presentaron ayer un nuevo juicio de amparo para tratar de revertir el auto de formal prisión que les dictó la Juez Segundo de Procesos Penales Federales, Graciela Malja Aguirre.
Como parte de este juicio penal, ayer martes se iba a celebrar una audiencia para que el líder de los electricistas, Martín Esparza, y sus dos coacusados presentaran el peritaje que ofrecieron como prueba de descargo, pero el notario implicado no asistió a la diligencia, a pesar de que es uno de los testigos principales de la PGR en este caso.
