Se prolongó todo el sexenio de FCH por la incapacidad de Javier Lozano
11 de Agosto de 2011 | Redacción de El Financiero en línea
México, 11 de agosto.-Los trabajadores mineros y metalúrgicos del país recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que solucione el conflicto en el Sindicato Minero, que ya dura todo el sexenio del presidente Felipe Calderón, por la incapacidad y malas intenciones de Javier Lozano, secretario del Trabajo, para no resolverlo.
Héctor Jiménez Coronado, coordinador general de la Alianza Minera Nacional (AMN) del Sindicato Minero, anunció lo anterior y expuso que los mineros democráticos acudirán a todas las instancias legales posibles, incluida el tribunal superior del país, para que las autoridades laborales entreguen la toma de nota a las dirigencias de 9 secciones sindicales elegidas conforme a derecho, pero que se encuentran “congeladas” por motivos políticos.
El dirigente de la agrupación, que aglutina a 14 mil, de los 23 mil mineros con que cuenta dicho sindicato, subrayó que respecto a los trabajadores del ramo, el gobierno de Felipe Calderón mantiene la misma indefinición que sostiene en otros rubros de la vida nacional, de tal manera que los mexicanos ya no saben hacia dónde va el país.
Mencionó que en abril de 2010 se realizaron elecciones en 9 secciones del Sindicato Minero (147, 288, 293, 265, 71, 205, 303, 239 y 259) y los nuevos comités electores solicitaron la toma de nota respectiva a la Secretaría del Trabajo, para lo cual presentaron todos los documentos que avalaban los resultados de los comicios, acompañados de un acta notariada.
Subrayó que, de manera individual, los comités seccionales presentaron en agosto de 2010 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje demandas laborales para que la Secretaría del Trabajo procediera a otorgar las tomas de nota respectivas, pero a un año de realizado dicho proceso no hay respuesta.
Por el contrario, Fidel Antuña, director del Registro Nacional de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y la propia dependencia federal, por instrucciones de Javier Lozano, mediante un comunicado engañaron a la opinión pública, al sostener erróneamente que la Alianza Minera Nacional gestionaba el reconocimiento de secciones para la AMN.
En un documento entregado a la base trabajadora, la AMN aclaró que “la secretaría ha evadido por todos los medios su responsabilidad, argumentando que la Alianza Minera Nacional no está registrada ante esa dependencia, cuando en realidad la AMN jamás ha solicitado algún registro”.
Mediante ese texto entregado a los mineros, la AMN reitera su calidad de corriente democrática dentro del Sindicato Minero, la cual funciona como interlocutora de los intereses de los trabajadores, que así lo determinaron en asambleas abiertas.
Jiménez Coronado recordó que, en una actitud tramposa, la Secretaría del Trabajo señaló que las renovaciones de los comités seccionales deben ser notificadas por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, pero su legalidad fue desconocida por la misma dependencia federal el 24 de junio de 2008 y el 15 de julio de 2010, por encontrar anomalías en las “reelecciones” de Napoleón Gómez Urrutia, al frente del gremio, como la contratación de personas ajenas para que votaran a su favor.
Planteó que a pesar de que las mismas autoridades detectaron las acciones fraudulentas de Gómez Urrutia, este sigue apoderado de las instalaciones sindicales, no obstante que sigue prófugo en Vancouver, Canadá, desde el 2006, después de que se giraron órdenes de aprehensión en su contra, acusado de diversos delitos, entre los cuales se encuentran el desvío de un fondo para los trabajadores por 55 millones de dólares.
Argumentó que las intención política de Javier Lozano es tratar que la disidencia del Sindicato Minero renuncie a sus intenciones de democratizarlo y lo abandone para formar otros sindicatos, con el fin de que el sexenio calderonista concluya sin sobre saltos “Daremos la batalla para rescatar a nuestro sindicato de las manos de Gómez Urrutia Estamos dispuestos a dialogar con la Secretaría del Trabajo para resolver el conflicto, pero queremos que se respete la ley”, concluyó.
