Denuncia que se incrementó la embestida contra los trabajadores
Patricia Muñoz Ríos | Periódico La Jornada | Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 45
"El desalojo violento del campamento" que mantienen los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el Zócalo capitalino es la siguiente embestida que prepara el gobierno federal contra los trabajadores en resistencia, advirtió ayer el secretario del exterior del gremio, Humberto Montes de Oca, quien sostuvo que "de ninguna forma" van a retirarse hasta que les devuelvan su empleo.
Inclusive, la directiva del SME se reunió ayer con miembros de diversas organizaciones sindicales y sociales para acordar acciones y movilizaciones que frenen la nueva campaña de "criminalización" contra la dirigencia del gremio.
Inclusive, la directiva del SME se reunió ayer con miembros de diversas organizaciones sindicales y sociales para acordar acciones y movilizaciones que frenen la nueva campaña de "criminalización" contra la dirigencia del gremio.
Montes de Oca planteó que, en el Zócalo capitalino, los electricistas ya se pusieron en alerta, ante la posibilidad de que sean retirados por la fuerza pública. Inclusive, preventivamente ya se quitaron los puestos que tenían los trabajadores para sostener su lucha y reorganizaron las carpas donde se mantiene el plantón.
Indicó que nuevamente arreció la campaña mediática contra trabajadores, dirigentes y, por supuesto, el campamento del SME, porque el gobierno federal "no creyó que a estas alturas los electricistas en resistencia iban a mantener su lucha por la recuperación de su empleo y ahora no sabe cómo acabar con el movimiento. Actualmente el sindicato está convocando a todas las organizaciones sindicales y sociales que han acompañado la lucha del gremio a defender su derecho de manifestación, y habrá una respuesta conjunta contra las acciones gubernamentales".
Frente a la "criminalización" del movimiento, las amenazas de desalojo y la "fabricación de delitos" contra integrantes de su dirigencia, entre ellos Martín Esparza, secretario general; Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo, y la apoderada legal, Amalia Vargas Ríos, habrá respuesta, además de legal, del sindicato y organizaciones hermanas, indicó el secretario del exterior.
Según él, el gobierno federal ya tiene a 13 sindicalistas encarcelados. De ellos, Miguel Márquez Ríos lleva 10 meses en un penal de Puebla y los demás están en el Reclusorio Oriente desde el 11 de abril pasado. En todos los casos son procesos irregulares y viciados de origen, y ahora quiere tener más "rehenes de este movimiento" en una acción "netamente represiva del gobierno federal ante su incapacidad para resolver el conflicto".
Expuso que el SME exige la devolución inmediata de sus cuotas sindicales. Anunció que no va a levantar el plantón hasta que les restituyan su empleo, demandó la entrega inmediata de la toma de nota para las 26 carteras que conforman el comité central y convocó a todos las organizaciones sindicales a reforzar el campamento.
