Enrique Méndez / Periódico La Jornada | Viernes 15 de julio de 2011, p. 17
El presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, convocó al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, a sostener un debate público en el que presenten pruebas sobre la probable corrupción en el proyecto de la Estela de Luz para el Bicentenario.
Escudero, del Partido Verde Ecologista, envió una carta al funcionario –titular del fideicomiso para los gastos del Bicentenario– en la cual le señala que está dispuesto a entregar los documentos que sustentan las presuntas irregularidades del proyecto, desde la entrega de la concesión a Gutsa y cómo el costo del monumento pasó de 400 millones de pesos a casi mil.
Pablo Escudero señaló en su misiva que Lujambio puede escoger un moderador del debate
ya sea algún comunicador o diputado federal, incluso del PAN para que se sienta cómodo.
El legislador, quien desde el lunes comenzó a presentar documentos que comprobarían la corrupción en la realización de la Estela de Luz, planteó que el intercambio de opiniones sobre este caso podría efectuarse en la Cámara de Diputados el lunes o martes de la próxima semana.
Dijo que propuso la figura de debate, luego de que el secretario de Educación fue citado en dos ocasiones ante la Comisión de la Función Pública para aclarar los gastos del Bicentenario, pero
no asistió a rendir cuentas ni justificó las razones de por qué no lo haría.
Irónico, Pablo Escudero señaló a Lujambio que si el presidente Felipe Calderón lo designó como encargado de los festejos del Bicentenario no fue sólo para que se presentara
a las fiestas patrias a brindar y cortar listones. También tiene la obligación, señaló, de transparentar el gasto
y rendir cuentas de los miles de millones de pesos que se utilizaron en la celebración y de los cuales no se conoce su destino final.
También sugirió que si Lujambio acepta el debate, a éste podría asistir el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, para entregarle los documentos que comprobarían las irregularidades, y que a su vez le fueron entregados al legislador por el arquitecto César Pérez Becerril, ganador del concurso del diseño del monumento, y quien denunció presiones del secretario de Educación para que no revelara la información.
