Autor: Ana Lilia Pérez 26 Mayo 2011
Al puro estilo macartista, la contraloría interna en la Semarnat inhabilitó por 10 años a Silvia Ramos, exfuncionaria de Pemex. Ello, por emitir opiniones respecto de los fraudes en contratos de la petrolera, por su activismo sindical y por, supuestamente, simpatizar con el EZLN, acusa la ingeniera inhabilitada, activista en contra de la privatización de Pemex.
“Parecía un mal chiste que me inhabilitaran por hablar con la prensa de los fraudes y la mala administración en Petróleos
“Parecía un mal chiste que me inhabilitaran por hablar con la prensa de los fraudes y la mala administración en Petróleos
Mexicanos (Pemex), por informar a los compañeros de que la privatización avanza a pasos agigantados, y porque dicen que en internet encontraron un comentario que me identifica como simpatizante del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).
“Yo no sabía que en este país se puede inhabilitar a un profesionista por emitir sus ideas o ejercer sus derechos, pero eso ocurrió conmigo. Tengo un historial limpio, un desempeño profesional intachable, pero por manifestarme contra la privatización de Pemex, me castigaron: inhabilitada por 10 años… ¡10 años! El día que me entregaron la notificación, debí leerla varias veces para comprender que ese mal chiste era verdad.”
Silvia Ramos Luna, ingeniera química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, detalla los argumentos que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Eduardo Tirado Becerril, utilizó con el fin de inhabilitarla para desempeñar cargo alguno en el gobierno federal del 30 de marzo de 2011 al 7 de octubre de 2020. Recién había logrado su reinstalación en Pemex, tras un litigio por despido injustificado que duró casi 15 años.
Sentada frente a una taza de café, durante la entrevista, Silvia cita argumentos que suenan inverosímiles, porque en México no existe ley que castigue la exposición de ideas. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no prohíbe a los empleados de gobierno hablar con la prensa; tampoco, expresar sus afinidades políticas ni sus opiniones. Por el contrario, la Constitución es garante de la libre expresión; por eso es que los argumentos que ella cita suenan fantasiosos, de no ser porque, efectivamente, tal y como los expone, están asentados en el expediente 224/2009 que el funcionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) usó para inhabilitarla.
Silvia Ramos es una ingeniera que combina su trabajo con su labor como defensora de derechos humanos adscrita al Frente Mexicano Pro Defensa de los Derechos Humanos, pero, sobre todo, es una de las principales activistas del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, cuyas movilizaciones obligaron en 2008 a que la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón se discutiera ampliamente en el del Senado de la República.
Con grado académico de maestría por la Universidad La Salle y numerosos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, Silvia también es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), asociación civil que aglutina a reconocidos expertos, analistas, académicos e investigadores que brindan asesorías en materia energética, entre otros, al Congreso de la Unión.
Su ingreso a Pemex –en la Refinería Miguel Hidalgo– data del 4 de septiembre de 1984. Al cabo de una década, fue despedida junto con 27 de sus compañeros como represalia por pretender crear un sindicato para personal de confianza (Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros). En septiembre de 1995, presentó una demanda laboral por despido injustificado (expediente 456/95).
Ante el largo litigio que se avecinaba, en espera de su reinstalación, buscó empleo. Obtuvo el puesto de subdirectora de Seguimiento a Trabajos de Campo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde, hasta el 22 de abril de 2009, su trabajo consistió, a decir de ella, en registrar en formatos preestablecidos fechas y resultados de las auditorías que se realizaban a todas las empresas empadronadas por la Procuraduría: unas 6 mil 500.
El juicio laboral se extendió 14 años y ocho meses por las negativas y amparos de la Oficina del Abogado General (OAG) de Pemex para reinstalar a quien encabezara el grupo de ingenieros que los llevó a juicio por las irregularidades en los Contratos de Servicios Múltiples (CSM).
Silvia presidió la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), que alcanzó gran relevancia a partir de que promovieron el juicio de nulidad de los CSM, esquematizados y aprobados por José César Nava Vázquez para entregar a trasnacionales la operación y explotación de la Cuenca de Burgos, la reserva de gas no asociado más rentable del país.
De su bolsillo, los miembros de la UNTCIP –en su mayoría, ingenieros– sufragaron los costos del litigio en el que los representó, hasta el día de su muerte, el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. Lograron que se reconociera la inconstitucionalidad de los CSM, que la Suprema Corte y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenaron a Pemex suspenderlos.
Finalmente, como consecuencia del ultimátum judicial contra la OAG, el 20 de mayo de 2010 Silvia fue reinstalada. Pugnaba por los salarios caídos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció en su favor, cuando le notificaron de una investigación administrativa que el OIC en Semarnat abrió en su contra por supuesto conflicto de intereses y por “desprestigiar a Pemex”. La demanda fue promovida por la OAG y la oficina del exprocurador Patricio Patrón Laviada.
Profepa: trabajo sucio
El 5 de marzo de 2009, el jurídico de Pemex envió al entonces titular de la Profepa información relacionada con “presuntas irregularidades administrativas” de Silvia Ramos (oficio OAG/GJC/JLG/075/2009). En respuesta, la coordinadora de asesores de Patrón Laviada remitió al OIC un oficio (PFPA/1.2/8C.17.5/0046/09) para que abriera una investigación administrativa en su contra bajo el supuesto de “conflicto de intereses”, que quedaría integrado en el expediente DE-076/2009. El argumento fue que, durante el periodo en que trabajó en la Profepa, conoció de auditorías a instalaciones de Pemex y que, dada la demanda laboral contra la paraestatal, habría incurrido en ese conflicto de intereses.
Silvia rechaza tal argumento. Dice que su trabajo en la Profepa se limitaba a vaciar en los formatos las fechas, el nombre de los auditores que habían realizado las auditorías y el resultado de éstas: “Registraba los mismos datos de las 6 mil 500 empresas empadronadas, no sólo de Pemex, y no tenía relación directa con ninguna de las empresas auditadas. Además, la Semarnat nunca ignoró que yo trabajé en Pemex, pues ése fue precisamente el currículum que presenté para obtener el empleo. De manera que resulta incongruente que al cabo de 13 años de laborar allí pretendan ignorar que antes trabajé en Pemex para sostener su acusación de que incurrí en conflicto de intereses”.
Para diciembre de 2009, el expediente en su contra yacía ya en el área de Responsabilidades para que Tirado Becerril iniciara el “procedimiento administrativo disciplinario”.
El expediente que integró –número R-224/2009– enumera oficios y minutas de auditorías que la Profepa hizo a diversas instalaciones de Pemex y que Silvia simplemente registró en los archivos desde la oficinas centrales en la ciudad de México. Con tales argumentos, el OIC acreditó el supuesto conflicto de intereses.
Alude luego a peculiares “pruebas” en contra de Silvia Ramos obtenidas en internet con las que argumenta que la ingeniera “desprestigió a Pemex”, por las que, según su criterio, mereció una “sanción justa”. Cita textual:
“Independientemente, de que se encontraron en diversas páginas de internet publicaciones de escritos y manifiestos de dicha servidora pública, en contra de Petróleos Mexicanos, lo que se traduce en una presunta deficiencia del servicio prestado e implicó un abuso de su cargo, escritos y manifiestos que fueron encontrados con la visita que el personal del Área de Quejas de este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó a la página de internet http:www.google.com.mx con la finalidad de verificar si había alguna información referente a la C. Silvia Ramos Luna, que estuviera relacionada con las presuntas irregularidades investigadas dentro del expediente citado al rubro, situación que quedó asentada en la Constancia de fecha 15 de septiembre de 2009, la cual se cita a continuación:
“1. Impresión página web: archivos radio bilingüe; http://archivosderb.org; ‘línea abierta: edición México. Viernes 24 de julio de 2009; en el que se relaciona a la ingeniera Silvia Ramos Luna con el EZLN’.
“2. Documento: Concesionó Pemex ‘mañosamente’ mantenimiento de ductos. Una integrante de la UNTCIP denunció que Pemex dejó fuera a compañías mexicanas y dio la obra a empresa texana. Sábado 26 de enero de 2008, Villahermosa, Tabasco. Que se encuentra dentro de la página www.tabasco.com.mx/nota.php?id_nota=148738; en el cual se menciona que la ingeniera Silvia Ramos Luna es miembro de la Unión Nacional de Empleados de Confianza de la Industria Petrolera.
“3. Documento escrito por la ingeniera Silvia Ramos Luna, como presidenta de la Unión Nacional de Empleados de Confianza de la Industria Petrolera; bajo el título: Unión Nacional de Empleados de Confianza de la Industria Petrolera de fecha 14 de noviembre de 2008, que se encuentra en la página http://mujeresporlademocracis.blogspot.com.
“4. Documento de la Unión Nacional de Empleados de Confianza de la Industria Petrolera, referente a la carta/denuncia enviada el 14 de noviembre de 2008, firmada por la ingeniera Silvia Ramos Luna, en donde hay manifestaciones sindicalizadas por parte de la firmante, misma que se encuentra inserta en la página http://elobservadorcampechano.wordpress.com/2008/11/16/agreden-paramilitares-a-trabajadores-de-cofianza-de-pemex/.
“5. Documento escrito por la ingeniera Silvia Ramos Luna; Megáfono Global: ‘México-No a la privatización de los ductos de Pemex’, de fecha 1 de noviembre de 2007, que se encuentra en la página www.desdeabajo.org.mx/word`ress?p=876.
“6. Documento denominado ‘Crean Sindicato de Técnicos y Profesionales en Pemex’, en el cual se menciona como presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera a la Ingeniera…
“7. Documento publicado en la página http://www.radio.larnr.org?p=3080 el lunes 17 de noviembre de 2008 bajo el título ‘Denuncia de los compañeros trabajadores de confianza de Pemex’, en donde se tiene como presidenta de la Unión Nacional de Empleados de Confianza de la Industria Petrolera a la ingeniera Silvia Ramos Luna…
“8. Boletín de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de fecha… en donde aparece señalada la demanda laboral 456/1995 interpuesta por la ingeniera…
“9. Documentos publicado en la página web de El Periódico de México bajo el título ‘Un modelo laboral distinto a Pemex’ en el cual se menciona que la ingeniera… encabeza a la Unión Nacional de Empleados de Confianza de la Industria Petrolera…
“10. Documento referente a la Convocatoria al Foro Ciudadano de Análisis sobre la Reforma Petrolera, de la Conferencia Permanente de Agrupaciones Políticas Nacional de fecha 12 de junio de 2008; en cuyo programa aparece la ponencia de la ingeniera Silvia Ramos Luna ‘Privatización de la Petroquímica’ y en donde aparece una fotografía de la citada ingeniera cuando participó en dicho foro.
“11. Documento publicado en la página www.rdecelis.com de título ‘Pérdida de la soberanía Nacional’, en el que se hace referencia a la ingeniera… como presidenta de la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.” (sic)
Todas esas páginas obtenidas de internet –que incluyen entrevistas concedidas por Silvia Ramos a periódicos de Tabasco y Campeche, en las que expuso sus argumentos en contra de la privatización de Pemex; donde se registra que, en su calidad de experta, ha participado en foros públicos sobre la industria petrolera; donde se documenta su trabajo como sindicalista, en pleno uso, por cierto, del artículo 123 constitucional, que garantiza el derecho a la libre asociación sindical, y donde aportó datos sobre las irregularidades de los contratos de ductos de Pemex a favor de compañías texanas– son los argumentos con los que el titular de Responsabilidades la encontró “responsable” de “desacreditar a Petróleos Mexicanos”, de “abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión” y “deficiencia del servicio prestado”.
Respecto de la información que ella expuso a la prensa sobre las irregularidades en los contratos de ductos signados por Pemex a empresas texanas, cabe señalar que las auditorías oficiales de la ASF a dichos contratos confirmaron lo que los expertos del CNEE –Silvia entre ellos– habían denunciado. Incluso, la ASF determinó la colusión entre directivos de Pemex y las compañías texanas para defraudar a Pemex, provocando un millonario daño patrimonial. En contraste, el funcionario de la SFP considera en su resolución sancionable que Silvia expusiera a las prensa datos sobre las irregularidades en tales contrataciones.
En sus argumentos contra Silvia, el OIC encuentra incluso sancionable que ella leyera en un foro público una ponencia en la que plasmó su opinión sobre la propuesta de reforma energética que en 2008 Felipe Calderón envió al Congreso. En dichos foros, Silvia fue sólo una de las decenas de participantes, que incluyó a analistas, académicos, políticos, funcionarios y empresarios. Para el funcionario de la SFP, es una prueba de sus “manifestaciones y escritos desfavorables de Petróleos Mexicanos”.
Al interior de Pemex, se ubica el caso de Silvia Ramos como un ejemplo explícito del “macartismo” que, aseguran los trabajadores, se vive en la paraestatal desde inicios del sexenio, periodo en el que se ha intensificado la labor de la policía interna para identificar y armar expedientes negros contra los funcionarios y empleados opositores a los proyectos y planes de privatización.
Tufo antisindical
La inhabilitación de esta ingeniera trae consigo el tufo de la represión antisindical que ha caracterizado al gobierno de Felipe Calderón. Después de su lucha por la nulidad de los CSM, los miembros de la UNTCIP crearon la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), la única organización de empleados de confianza de Pemex que, pese a la política antisindical del secretario del Trabajo, Javier Lozano, logró su registro sindical en diciembre de 2009 luego de la lucha de diversas asociaciones que la antecedieron y de cumplir trámites absurdos, como el demostrarle a Javier Lozano documentalmente “la existencia de Pemex”, es decir obtener copia de la escritura original signada en tiempos de Lázaro Cárdenas.
La toma de nota del nuevo sindicato se anunció públicamente como una muestra de la democracia sindical del gobierno de Calderón, aunque al interior de la petrolera se desató una cacería contra el grupo que resultaba opositor al oficial, que encabeza Carlos Romero Deschamps.
En menos de seis meses, prácticamente toda la dirigencia de la UNTPP estaba en la calle, despedidos junto con los trabajadores que osaron afiliarse. De ello se encargaron el director Corporativo de Administración, Rosendo Villareal Dávila (asesor de César Nava en el Partido Acción Nacional), y el director de Recursos Humanos, Marco Antonio Murillo Soberanis, que, en cambio, avaló que Villareal contratara a su propio sobrino para administrar el dinero y las compras de Pemex.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) califica como “represión antisindical” el despido de los integrantes de la UNTPP. En un resolutivo emitido recientemente, le pide al gobierno de Calderón reinstalaros, en cumplimiento con los acuerdos internacionales signados por el Estado mexicano. El Congreso de la Unión hizo extensivo ese llamado, sin que Pemex lo acate. Los despidos se ejecutaron con la intervención de la policía interna, “los especiales”, en su mayoría, personal militar adscrito a la Gerencia de Seguridad Física.
“Mi inhabilitación –expresa Silvia– es un duro golpe a nuestro sindicato, porque con el resolutivo de la OIT estábamos peleando la reinstalación de toda la dirigencia, incluidas las secciones sindicales que también fueron despedidas.”
El desempeño de la contraloría en este caso tiene otros claroscuros: el 2 de marzo de 2009, se le notificó la resolución del expediente administrativo R-224/2009, sólo que el OIC supuestamente resolvió un día después de que Silvia fue notificada, es decir el 3 de marzo, irregularidad que nulifica el proceso, según consideraciones del abogado laborista Arturo Alcalde Justiniani, porque “resulta incongruente e ilegal que se pueda instaurar un procedimiento de manera futura”.
Además, Pemex hizo efectiva la inhabilitación cuando aún no hay firmeza en el proceso, pues Ramos promovió un recurso de nulidad que aún está en trámite.
“El 28 de marzo, estaba trabajando en la planta a mi cargo, la catalítica número 2 de la Refinería Miguel Hidalgo, cuando me mandaron llamar del Departamento de Personal. Me entregaron la notificación y me dijeron ‘¿qué crees? Estás inhabilitada por 10 años; así que dentro de 10 años te esperamos’.”
Contralínea solicitó, a través del área de prensa de la SFP, una entrevista con su titular, Salvador Vega, para saber su opinión sobre el criterio del OIC en la Semarnat para inhabilitar a la ingeniera de Pemex; y con el titular de responsabilidades del OIC en Semarnat, Manuel Tirado, para saber su postura respecto de los supuestos agravios que Silvia Ramos denuncia. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Discriminación oficial
El 4 de abril, Silvia llevó su caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo hará en días próximos ante el alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acusa al gobierno federal de criminalizar su ideología y violar sus derechos humanos de pensamiento, expresión y asociación.
Recurrió también ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues “considerar que una persona incurre en una conducta sancionable por no coincidir con su ideología es un acto de discriminación, y sustentar esta presunción en supuestas relaciones con el EZLN es criminalizar”.
“Cuando en un gobierno derechista, en un gobierno panista, usan argumentos como ‘a la ingeniera la vinculan con el EZLN’, allí te están poniendo el dedo. Quisiera saber si harían lo mismo con una legionaria de Cristo. Y a lo mejor lo harían, pero el caso es que estigmatizan a la gente; es criminalizarte por decir, por pensar, y ésos son mis derechos, son derechos humanos”, dice, indignada.
Del grueso legajo que comprende el expediente de responsabilidad que en su contra emitió la SFP, Silvia alude al argumento donde se indica que “habló mal en contra de Pemex”. Explica por qué le resulta más agraviante: “He pasado mi vida defendiendo a Pemex porque es el patrimonio que tiene este país. Nunca hablé mal en contra de Pemex; he hablado en contra de su privatización, en contra de las decisiones de la alta dirección de dar contratos absurdos, en contra de quienes mal dirigen Pemex, pero jamás en contra de Pemex. ¡A eso nos dedicamos! A defender a la empresa porque es la única que nos queda en el país y se la están acabando”.
Castigo desproporcionadoLa Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos indica que, cuando un funcionario es inhabilitado y no hay daño patrimonial, la sanción máxima es de un año. En el caso de Silvia, aunque ni siquiera Petróleos Mexicanos (Pemex) ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que promovieron la investigación en su contra, argumentaron daño patrimonial, el Órgano Interno de Control (OIC) le aplicó una de las sanciones más altas que emite la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el argumento de que hubo “daño social”, sin que tampoco se especifique en qué consistió ese “daño social”.Silvia reclama que el OIC pasó por alto sus evaluaciones con calificación sobresaliente como servidora pública; también, que aprobó todos los exámenes de servicio profesional de carrera; “pero, sobre todo, que jamás hubo una sola queja de mí en los 13 años que laboré en la Profepa, como no los hubo tampoco en la los primeros 10 años que trabajé en Pemex”.En una parte de su resolución, Manuel Tirado Becerril reconoce que “Silvia Ramos Luna no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada administrativamente”, y que “no se le atribuyó un presunto daño económico”. Pero determina que “su conducta se considera grave” y por ello “resulta justo y equitativo imponer a dicha servidora pública las sanciones administrativas consistentes en destitución del puesto e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de 10 años”.La desproporcionalidad de la sanción la evidencian algunos de casos desahogados en la SFP y las sanciones que éstos han alcanzado:En el caso Mouriño, por ejemplo, aún cuando Juan Camilo era funcionario de alto nivel –que obtuvo un lucro de más de 100 millones de pesos de los contratos que signó con Pemex en su dualidad de funcionario público y contratista del gobierno federal– no se le aplicó sanción alguna.La inhabilitación de Silvia Ramos es igual a la que se les impuso al exdirector general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y al abogado general Juan Carlos Soriano Rosas, por causar a la petrolera un quebranto de 1 mil 724 millones de pesos.Su inhabilitación es igual a la que se impuso a dos altos directivos de PMI Comercio Internacional, el director de Administración, Carlos Armando Cantú, y la gerente de Recursos Humanos, Margarita Nieto, quienes autorizaron una liquidación por 5 millones de pesos al exdirector de Finanzas de la misma filial, Luis Crispín Garnica, bajo el concepto de “compensación por separación voluntaria”, aun cuando la SFP lo había destituido por uso de documentos apócrifos, incluido un título de licenciado en derecho.La misma inhabilitación que se aplicó a algunos de los funcionarios de Refinación que contrataron a las navieras TMM y Arrendadora Ocean Mexicana buques con sobreprecios por 27.5 millones de dólares.A Ramos se le aplicó una inhabilitación apenas dos años menos que a tres altos funcionarios de la Procuraduría General de la República culpables de fraude, peculado y enriquecimiento ilícito: el delegado estatal en Tabasco, Bernardino Rico Maya; el subdelegado Administrativo, Alberto Reyes Campos; y el jefe de Recursos Materiales, Néstor Baños.Dos años menos que la inhabilitación que se le impuso Rogelio Montemayor Seguy, exdirector de Pemex, por daño patrimonial de más de 1 millón de pesos, al usar indebidamente aeronaves arrendadas por Pemex para vuelos no oficiales. Montemayor, responsable del millonario desvío de recursos de la paraestatal al sindicato, el llamado Pemexgate.La sanción en contra de Silvia es cinco veces más severa que los dos años que se inhabilitó a Carlos Rojas Magnon, responsable de un millonario daño patrimonial a las arcas públicas por los sobreprecios que pagó en la remodelación de la Residencia Oficial de Los Pinos con Vicente Fox. La auditoría oficial apunta a la responsabilidad directa de Fox en este caso, sin que se le impusiera sanción alguna.
[TEXTO PARA TWITTER: Inhabilitan por 10 años a funcionaria de Pemex por criticar en medios de comunicación privatización de Pemex]
