La iniciativa deja de lado la inteligencia financiera, policíaca militar y los programas de prevención del delito, consideró el presidente del sol azteca, Jesús Zambrano.
José Antonio Román
Publicado: 26/04/2011
México, DF. El Partido de la Revolución Democrática expresó su profundo rechazo a la Ley de Seguridad Nacional, pues representaría un serio retroceso de cuando menos 50 años en las libertades y derechos de los mexicanos.
En conferencia de prensa, el presidente y la secretaria general del PRD, Jesús Zambrano y Dolores Padierna, fijaron la postura del partido y denunciaron la pretensión de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) de aprobar la ley en fast track, violando la normatividad y todos los procedimientos legislativos.
“Nadie se opone a que se combata el crimen organizado, incluido desde luego el narcotráfico que ha dejado todo este clima de violencia, pero se esta siguiendo una estrategia equivocada”, dijo el presidente nacional del PRD, quien insistió que esta ley atenta las libertades y los derechos humanos.
En la sede nacional del partido, Zambrano Grijalva señaló que en la iniciativa se deja de lado cuestiones fundamentales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, como son la inteligencia financiera del Estado mexicano para minar la llegada de recursos de este tipo de grupos, además de la inteligencia policíaca militar y los programas de prevención del delito.
En esas condiciones los dirigentes del PRD convocaron al resto de las dirigencias y fracciones parlamentarias del resto de los partidos, a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, a especialistas nacionales y extranjeros, y a la sociedad en general a que se expresen en contra de esta pretensión del PRI y PAN de aprobar una ley que, entre otras cosas otorga al presidente de la República facultades para utilizar al Ejército de manera discrecional.
Dolores Padierna enumeró una larga lista de situaciones que aprueba dicha iniciativa, y que son violatorios de los derechos humanos, entre los cuales está el otorgar a las fuerzas armadas atribuciones para retener a presuntos delincuentes sin entregarlos a la autoridad ministerial, realizar cateos e intervenir comunicaciones privadas, así como declarar situaciones de excepción sin la participación del Consejo de Seguridad Nacional ni del Congreso.
Además, la iniciativa -presentada y defendida por el priísta Carlos Navarrete Prida- sostiene que los militares que cometan algún ilícito sean juzgados bajo el Código de Justicia Militar y no del civil, en clara violación a cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de acotar el fuero militar.
El dictamen lastima la relación entre la seguridad y las instituciones democráticas, desaparece la transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad nacional, vulnera derechos humanos y libertades al establecer mecanismos de excepción que no cumplen los supuestos constitucionales y criminaliza la protesta social; rompe el equilibrio del pacto federal y el que debe existir entre los Poderes de la Unión, dijo Dolores Padierna.
Esta iniciativa de ley, insistió la secretaria general del PRD, significaría un grave retroceso de cuando menos 50 años en lucha de las libertades y derechos de los mexicanos, alcanzadas fundamentalmente por las fuerzas democráticas del país.
