Afectados dudan que su queja prospere en la SFP, porque es comparsa de Gobernación
Fabiola Martínez
Lunes 28 de febrero de 2011, p. 21
Otro grupo de trabajadores despedidos de la Secretaría de Gobernación (SG) denunció la existencia de hostigamiento, corrupción y abuso de poder en esta dependencia encabezada por José Francisco Blake Mora.
Antes lo hicieron públicamente empleados de la subsecretarías de Gobierno y de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, sin que hasta el momento se conozcan los resultados de la indagatoria del Órgano Interno de Control en SG, encargado de procesar las quejas y pruebas de los inconformes.
A la lista de despidos de personal por honorarios o de confianza se suman ocho trabajadores del Archivo General de la Nación (AGN), quienes tenían puestos de dirección y jefaturas en este organismo bajo el esquema de servicio profesional de carrera, esto es, la política que regula el ingreso y permanencia de los servidores públicos que debe servir para evitar movimientos discrecionales.
Las denuncias públicas de los trabajadores en referencia, despedidos el 4 y 5 de enero pasado, coinciden con eldictamen negativo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el AGN, correspondiente a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2009.
Como se difundió (La Jornada, 21/2/11), la auditoría halló irregularidades por 51.1 millones de pesos en la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y pago en las obras deremodelación del AGN, a cargo de Fonatur Construcciones, dirigida entonces por Miguel Gómez Mont, hermano del titular de la SG en 2009.
De acuerdo con la ley del servicio público, este personal no puede ser removido de manera arbitraria; sin embargo, la dirección del AGN, a cargo de Aurora Gómez Galvarriato Ferrer, argumentó que el despido procedía porque les había perdido la confianza.
Los afectados estaban a cargo del área de publicaciones y difusión; recursos materiales y servicios generales; recursos humanos, Acervos del Archivo Histórico Central; Centro de Información Gráfica y el encargado de la Galería Uno, área que –explicaron– exige alta responsabilidad ética”, porque ahí se encuentran documentos históricos muy delicados, como los relativos a la guerra sucia.
El uso de artimañas y engaños para perpetrar estas arbitrariedades –señalan los despedidos– es sólo una parte del grave problema de prepotencia y abuso de poder, mezclado con corrupción en el que se ha señalado al secretario Blake como cómplice de una estrategia que atenta contra el AGN, por encubrir (en el caso de las irregularidades documentadas por la ASF).
Los afectados coinciden con la ASF en la falta de comprobación de gasto o las obras pagadas no ejecutadas, y agregan que hay irregularidades en la designación de proveedores, “entre ellos –aseguran– la inmobiliaria de la que es socio el padre de la directora de Vinculación, Gabriela Recio”.
Además, la contratación de un servicio de software de la empresa española El Corte Inglés que deja fuera a 2 mil 500 archivos nacionales y la contratación de personal por honorarios que desde hace un año ha duplicado las funciones del personal de estructura con sueldos extraordinarios fuera de la austeridad marcada por la Presidencia de la República.
La deficiencia de las obras y la remodelación del Palacio de Lecumberri –añaden– ha sido pretexto para el abuso.Todo esto ha sido documentado; las deficiencias de la obra ha derivado en reparaciones interminables, inundaciones y falta de servicio en la parte eléctrica.
Algunos de los afectados presentaron quejas en el Órgano Interno de Control aunque no confían en ello porque consideran que esta instancia (de la Secretaría de la Función Pública) essólo comparsa de Gobernación.
Ya en 2010 habían denunciado lasamenazas de la directora de Vinculación, pero ninguna autoridad de Gobernación pudo o quiso detener la prepotencia e impunidad de esta funcionaria.
En cambio, agregaron, la directora del AGN ha declarado que fincará responsabilidades contra los despedidos; sin embargo, ante ello, algunos recaban pruebas acerca del hostigamiento y contrastan con expedientes de más de 15 años de antigüedad en los que no hay antecedentes negativos en su desempeño y, en cambio, de manera permanente se negaron a solapar irregularidades.
