Lo recaudado se destinará a aliviar los pasivos que mantenía la empresa, afirma Hidalgo.
Controvertida comparecencia ante legisladores; la fibra óptica, bajo resguardo del gobierno, dice.
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Viernes 21 de enero de 2011, p. 19
El director general del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Sergio Hidalgo, informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el inventario de valores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) asciende a 120 mil millones de pesos; 80 por ciento de los bienes de la empresa lo integran las subestaciones eléctricas que se encuentran bajo resguardo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto será subastado, con objeto de aliviar los pasivos que mantenía al momento de su liquidación.
El funcionario –esposo de la directora de imagen de Felipe Calderón y hombre cercano a Margarita Zavala– provocó controversia en la Cámara de Diputados al referir que la fibra óptica tendida en las líneas de distribución de LFC se encuentra en comodato bajo el resguardo del gobierno federal.
Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia en San Lázaro, argumentó que el comodato, que es un contrato de derecho privado, no puede recaer sobre bienes cuya posesión es intransmisible, como lo son los bienes nacionales destinados a la prestación de un servicio público, por lo que la figura mediante la cual el SAE le entregó la posición provisional de la fibra óptica a la CFE es nulo.
Conforme a la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo sexto fracción seis, son bienes del dominio público de la federación los inmuebles destinados a un servicio público. La infraestructura, subestaciones, cableado y demás propiedades con los que operaba Luz y Fuerza están destinados a brindar un servicio conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a los artículos 27 y 28 de la Constitución.
Según lo señalado en el artículo 13 de la Ley General de Bienes Nacionales esas propiedades no son materia de actos o gravámenes que impliquen la transmisión a terceros incluyendo la prohibición expresa en esa ley para que el organismo que los tiene asignados transfiera la posesión temporal o definitiva. El decreto que encargó al SAE la liquidación no lo autoriza a entregar a un tercero dichos bienes, y cuando la ley prohíbe trasmitir su posesión a terceros se incluye a privados y públicos.
Al concluir el encuentro con Sergio Hidalgo, Esthela Damián reprochó la forma de trabajar del SAE porque trató de simular que la CFE no es la unidad económica que asumió los activos relacionados con el servicio eléctrico, y es una simulación incompatible con el régimen de los bienes que integraban el patrimonio de la empresa.
El director del SAE, también hombre del círculo que se integra alrededor de Francisco Gil y Agustín Carstens, trató de convencer a los diputados de las bondades de su institución, señalando que la Ley de Ingresos la autoriza a pagar compensaciones exorbitantes muy por encima de lo que marca la norma. Lo correcto es que el presupuesto de egresos es la norma que autoriza los pagos. Incluso en el presupuesto de 2009 no se contempló, ni pudo prever una liquidación que no había sido ordenada.
Entre los datos que aportó Hidalgo también resalta el hecho de que el monto para cubrir el pago de pensiones de Luz y Fuerza en el año 2011 alcanzará los 11 mil millones de pesos. Estos recursos ya se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos del presente año.
Refirió que al momento de decretarse la extinción se encontraron 8 mil millones de pesos en caja de Luz y Fuerza, mismos que están a resguardo del SAE.
Con objeto de aclarar inquietudes de los diputados, el titular del SAE aseguró que la mayoría de los 16 mil trabajadores que no cobraron liquidación sí recibieron su aguinaldo y prestaciones de ley correspondientes al año 2009. Informó que entre los recursos que no se han podido recuperar se encuentran 300 millones de pesos destinados al pago de pensiones que en un traslado la empresa de valores Tameme desapareció.
Al concluir el encuentro con la tercera comisión de la Comisión Permanente, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, refirió que para evitar la opacidad de los bienes que el SAE administra se deberá reformar la ley del ramo.
–¿Se dice que el SAE es la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones? –se le preguntó.
–Pues yo lo desmiento categóricamente. Creo que el Ejecutivo y Legislativo estaremos fortaleciendo una de las dudas principales de la gente común: ¿qué se hace con todo lo que se decomisa, con todo lo que se incauta, con todo lo que se requisa; qué pasa con los bienes del Estado mexicano?
