No se trata solamente de asesinatos de periodistas, como el que acaba de tener lugar contra la persona de la periodista Miroslava Breach Velducea (mientras el desgobernado panista Javier Corral alega que es su “día de asueto”, y usó el avión para irse a jugar golf a Mazatlán, como lo hace Peña Nieto), allá, precisamente en la entidad de Chihuahua donde ese desgobernador obtuvo votos para ganar con la promesa de ser honrado –nada dijo de jugar golf–, imponer la seguridad, crear empleos, acabar con los feminicidíos y dedicarse día y noche, sin descanso, a gobernar… y ya está exhibido como un desgobernador más. El caso es que entre el sexenio de Calderón y los cuatro años y pico del peñismo, van 1 millón de homicidios, sin contar los cadáveres y partes de cuerpos humanos hallados en las fosas de Veracruz, Morelos, Guerrero, Michoacán, etcétera.
Agrupados en el movimiento Fuego de la Digna Resistencia, las
organizaciones y colectivos de la sociedad civil lamentaron que la Corte
haya dejado en la
En conferencia de prensa, reprocharon a los ministros de la SCJN no haber tomado en cuenta los reclamos y observaciones presentadas por los pueblos y personas defensoras de derechos humanos de que la ley presenta
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia resolvió la constitucionalidad de la mayoría de los artículos que fueron impugnados incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
ambiguedady al
arbitriode la autoridad diversas disposiciones legales para permitir el uso de la fuerza pública.
En conferencia de prensa, reprocharon a los ministros de la SCJN no haber tomado en cuenta los reclamos y observaciones presentadas por los pueblos y personas defensoras de derechos humanos de que la ley presenta
huecospreocupantes por su ambigüedad, por lo que se facilitan diversas interpretaciones que buscan legalizar lo que de manera ilegal ya se ha venido ejecutando en la entidad: la represión violenta y hasta letal en contra de la protesta social pacífica.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia resolvió la constitucionalidad de la mayoría de los artículos que fueron impugnados incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).













































