Rosa Santana - Proceso
CAMPECHE, Camp. (apro).- Requeridos por la Secretaría del Trabajo
para negociar el pago de las liquidaciones de más de un centenar de
trabajadores despedidos injustificadamente, los representantes de la
Comercializadora Petrolera del Golfo, propiedad de los familiares de
Mario Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de la
Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción
(PEP), se esfumaron.
El pasado 1 de abril, empleados de la compañía contratista constituida hace nueve años cuando Ávila Lizárraga ocupaba el estratégico cargo en Pemex –desde el que fue involucrado en el caso Oceanografía– acudieron a la delegación de la Secretaría del Trabajo a denunciar el despido súbito e injustificado de 105 de ellos, así como los abusos bajo los que se les hacía laborar.
La empresa es propiedad de Miguel Ángel Maldonado Rullán y su hijo
Daniel. Como apoderado legal figura Sergio Gutiérrrez Rullán, primo del
primero y cuñado de Ávila Lizárraga.
Según los trabajadores afectados, la compañía opera en Laredo, Texas,
Nuevo Laredo, Tamaulipas,Tabasco y Veracruz, pero tiene su matriz en
Ciudad del Carmen, aunque ellos laboran en los talleres instalados en el
puerto de Seybaplaya, municipio de Champotón.
Tras el caso Oceanografía, Ávila Lizárraga fue inhabilitado el año
pasado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades
que se le detectaron a su gestión como funcionario de Pemex, entre
éstas la firma de contratos con esa naviera de su amigo Amado Yáñez
Osuna.
Las investigaciones que el gobierno de Enrique Peña Nieto inició en
contra del también excandidato del PAN a la gubernatura alcanzaron
además a su esposa Maribel Gutiérrez Rullán, quien figuraba como
apoderada de la compañía Grupo Empresarios del Sureste. Se trata de
contratista que recibió un contrato por 422 millones 479 mil 928 de
Pemex.
En la reunión que sostuvieron el pasado viernes con la delegada de la
Secretaría del Trabajo Rita del Río Ávila, se acordó que ayer lunes se
efectuaría una inspección extraordinaria a los talleres de la empresa en
Seybaplaya y hoy se instalaría una mesa interinstitucional a la que
asistirían representantes del IMSS, el Infonavit y de la compañía.
No obstante, la funcionaria aclaró hoy que la inspección programada
no se pudo efectuar porque la instalación “se encontró desierta” y sólo
había un vigilante.
La funcionaria añadió que a la mesa interinstitucional no acudieron
los representantes de la empresa pues el sitio donde se suponía estaba
su domicilio fiscal se encontró vacío y con un anuncio de que se renta.
“Hasta ahora no los hemos podido localizar, sin embargo, en el cruce
de la información que tienen el IMSS y el Infonavit cotejaremos si
pudieran tener registrado alguna otra dirección donde podamos
notificarles”, añadió.
Asimismo, reveló que en la reunión resultó que la empresa opera por lo menos dos outsourcing entre
los que tenía repartidos al personal, uno de ellos es Kaf Procesos,
pero en el caso del otra aún se desconoce su razón social.
Del Río Ávila comentó que se programó una nueva reunión institucional
para la semana próxima con el fin de que cada parte pueda presentar los
avances de lo que les corresponde para definir la situación específica
en la que se encuentra cada uno de los trabajadores afectados por la
empresa.
Entre otras arbitrariedades, los trabajadores despedidos denunciaron
que además de sus liquidaciones se les adeudan sus salarios desde hace
dos meses. Contaron que estaban dados de alta ante el IMSS con el
salario mínimo pese a que no era el monto real de lo que ganaban.
Incluso, carecían de prestaciones como el Infonavit y el Fonacot.
También revelaron que los hacía trabajar sin equipos de protección y
que en reciente inspección de la Secretaría del Trabajo se detectó que
la empresa incumplía con 219 puntos de seguridad e higiene.
La semana pasada Jesús Martínez Lozano, jefe de talleres de la
compañía, dijo que sólo en las instalaciones de Seybaplaya han llegado a
laborar hasta 500 trabajadores. Luego cuestionó: “¿cómo es posible que
pase desapercibida esta empresa? Hasta ahora ninguna autoridad ni
federal ni estatal ni municipal la ha volteado a ver. Genera problemas
de todo tipo y ¿cómo es posible que nadie la voltee a ver, que nadie
vaya?”.
“Corrupción… Exigen, exigen, exigen y no quieren cumplir. ¿Por qué? Debe ser un vínculo”, reflexionó.
El representante de los trabajadores destacó que los propietarios de
la compañía desde siempre los han maltratado. “De indios o pendejos no
nos han bajado nunca”. Ejemplificó con el caso de un ingeniero local al
que le quieren pagar de dos mil a tres mil pesos, “mientras que a los
que traen de fuera les llegan a pagar hasta 50 mil pesos”.
Las arbitrariedades son más:
“Nos hacen trabajar descansos o toda la noche, con la promesa de
pagarnos horas extras, pero al día siguiente nos obligan a tomar un
descanso de ocho horas a cambio de no pagarnos. Las liquidaciones que en
otras ocasiones han pagado están totalmente fuera de derecho, dan lo
quieren, cuando quieren y como quieren”.
Martínez Lozano comentó: “sabemos que tienen dinero para pagar, que
en el caso de esta empresa Pemex está al día en sus pagos. Los dueños
reciben recursos millonarios por los contratos que tiene con Pemex y
además le trabajan a otras empresas contratistas de la petrolera…
quieren que trabajemos gratis”.
El líder laboral lanzó un llamado a las autoridades de los tres
niveles de gobierno para que “volteen a ver a esta empresa y nos ayuden a
resolver nuestra situación”.
Y es que, denunció que trabajadores de esta compañía están a bordo de
una plataforma “vieja, inservible, que el dueño le compró a Neyborg, la
están reparando, pero están haciendo trabajar a la gente en condiciones
infrahumanas”.
Peor aún, explicó que los trabajadores suben en forma clandestina por
la playa, “están sin luz, sin agua, cocinando con carbón, en una
plataforma que era de perforación y que nunca se inspeccionó si hay
gases tóxicos. No tienen luz a bordo ni ningún tipo de señalamiento; en
cualquier momento alguna embarcación puede impactarse ahí en la noche y
nadie ha hecho nada, ni la capitanía de Puerto, ni la Secretaría de
Marina, ni la Semarnat, ni nadie”.
“¿Cómo es posible que nadie, ninguna autoridad se dé cuenta de lo que pasa?”, insistió.
Ante los reclamos, la delegada de la Secretaría del Trabajo Rita del
Río Ávila informó que acordó con los trabajadores iniciar una inspección
extraordinaria a la empresa el próximo lunes 11 de abril y al día
siguiente instalar una mesa interinstitucional a la que serían
convocados los representantes de la empresa.
